El parlamentario andaluz de Podemos por Córdoba, David Moscoso, ha criticado este jueves que la Junta de Andalucía "ha tardado más de seis meses en responder a las solicitudes de información del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía sobre los expedientes relacionados" con la Fundación Guadalquivir Futuro, "cuando el plazo estipulado por la Cámara (autonómica) es de tres meses."

En rueda de prensa, Moscoso ha explicado que, entre los expedientes solicitados estén los relativos a las subvenciones concedidas por el Gobierno andaluz a esta entidad, cuya actividad, por supuestas mordidas a los salarios de trabajadores contratados al amparo de planes de empleo de la Junta, "está siendo investigada" por un juzgado cordobés, donde ya ha prestado declaración el responsable de la fundación y "exsecretario de las Juventudes Socialistas en Córdoba", Cristian Menacho.

Moscoso ha explicado que "la respuesta de la Junta ha sido bochornosa, pues siguen sin responder las solicitudes más sensibles para sus intereses, y el resto se han limitado a responderlas vacías de contenido, aludiendo a que la información se encuentra en las consejerías correspondientes".

En este sentido, algunas de las respuestas recibidas emplazan a los diputados de Podemos Andalucía a personarse en las consejerías para tomar notas de los expedientes allí consignados, lo que ha llevado a Moscoso a lamentar "la nula colaboración del Ejecutivo andaluz para esclarecer las supuestas mordidas a los trabajadores de la Fundación Guadalquivir Futuro".

Por ello, según ha anunciado, "Podemos se plantea denunciar a la Junta ante el Consejo de la Transparencia, por vulnerar la legislación autonómica, obstaculizando la labor parlamentaria y la investigación de este supuesto fraude y desvío de fondos públicos".

Por su parte, el diputado nacional de Podemos Por Córdoba Manuel Monereo ha informado de que ha presentado esta semana una iniciativa en el Congreso para que España ratifique la Carta Social Europea y el protocolo de reclamaciones colectivas.

En caso de aprobarse esta medida, según ha explicado, "se garantizaría el acceso a instancias europeas para reclamar unos derechos sociales y laborales que están siendo pisoteados por el Gobierno de Mariano Rajoy, especialmente para defender de forma colectiva el derecho a la vivienda".