El Ayuntamiento aprobó otra moción instando al Estado a un cambio legislativo y exigiendole la titularidad y gestión públicas de las infraestructuras de distribución eléctrica, con ampliación del bono social. También propone la aplicación del IVA reducido al precio del gas y la electricidad a nivel doméstico y un compromiso de elaborar en Córdoba un plan contra la pobreza energética.