El Pleno ha tomado conocimiento y ha acordado acatar la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Córdoba que da la razón a la familia del rejoneador Antonio Cañero y a la Asociación Campera y del Rejoneo que lleva su nombre y que anula el acuerdo adoptado en febrero del 2018 que daba el visto bueno al dictamen de la comisión de memoria histórica (que acordaba cambiar el nombre de la plaza), y al posterior de noviembre de ese mismo año de la junta de gobierno local que aprobaba que se denominase de los Derechos Humanos. Los grupos del PP, Ciudadanos y Vox han votado a favor de acatar la sentencia, mientras que PSOE, IU y Podemos se han pronunciado en contra.

Tanto PSOE como IU han pedido al gobierno local que recurran. Podemos, por su parte, ha solicitado, además de recurrir al TSJA, que se realice una consulta popular para decidir qué nombre poner a la plaza. El PP y Ciudadanos se apoyan en un informe del secretario del Ayuntamiento que aconseja acatar la sentencia.

La sentencia deja claro que el Ayuntamiento es competente para cambiarle el nombre a la plaza pero no amparándose en la Ley de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. El fallo anula los dos acuerdos al considerar que no se adecúan a las previsiones de la citada ley.

El delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico (PP), ha asegurado que la sentencia "se ajusta a derecho y hay un informe del secretario del Pleno" que aconseja "acatarla". Torrico ha subrayado el valor de la decisión de "un juez" y ha pedido al PSOE e IU que "dejen de hacer el ridículo". También les ha reprochado el coste del cambio de nombre de calles. Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Isabel Albás, ha dicho que "hay que acatar y respetar las decisiones judiciales tanto si gustan como si no gustan". La portavoz de Vox, Paula Badanelli, no ha ocultado que "le gusta" la sentencia "y nos llena de alegría". A su juicio, la ley de Memoria Histórica "es sectaria".

El concejal socialista José Rojas anuncia que adoptarán "las medidas necesarias para que este tipo de nombres con referencia clara al franquismo no vuelvan a estar en el callejero" y que utilizarán "todos los medios posibles jurídicos y políticos para evitar estas denominaciones de nuevo en nuestro callejero".

IU, por su parte, considera que acatar la sentencia es tomar una decisión política y no jurídica. A juicio de Alba Doblas, la sentencia "niega la evidencia histórica al no reconocer como golpista a franquistas de primera línea, y así lo establece la propia hoja de servicios de Cañero, donde se pone de manifiesto que está al mando de tropas golpistas participando activamente en la toma de la provincia de Córdoba". Doblas anuncia que su grupo "no va a detenerse en la defensa de las víctimas" y seguirá considerando que las calles "no pueden llevar el nombre de personas indignas para esta ciudad".

La portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, considera que se debe estudiar realizar un recurso de apelación ante el TSJA y que, mientras llega el fallo definitivo, y a pesar de que el Ayuntamiento es el que tiene las competencias para poner el nombre a una calle, se debe realizar una consulta popular para que "sean los vecinos los que se pronuncien al respecto". Además, afirma que "si el cambio no se puede hacer en base a la Ley de Memoria Histórica", podría llevarse a cabo "en base a otros argumentos".

SUBVENCIONES

La propuesta que ha entrado por urgencia -y que salió adelante con el voto a favor de todos, excepto de IU y PSOE, que se abstuvieron) para realizar una modificación presupuestaria que permita el reparto de 125.000 euros entre distintas asociaciones ha sido la que ha suscitado más debate tras el callejero. Lo que empezó con el aplauso de Podemos (por incluir "una asociación especializada en el tema de la trata") y de Vox (por incorporar colectivos que "trabajan en defensa de la vida y en contra del aborto"), se convirtió en un cruce de acusaciones, sobre todo, entre Salvador Fuentes (PP) y Alicia Moya (PSOE). Moya ha negado que "en la anterior corporación se excluyeran organizaciones por razones ideológicas" y ha afirmado que había "concurrencia competitiva", por lo que ha manifestado que, si se quedaron fuera fue por no alcanzar la puntuación o acabarse las partidas. A su juicio, ahora se vuelve "al modus operandi" de dar "a dedo". Fuentes ha argumentado que esos colectivos fueron apartados de las subvenciones por "sectarismo", por lo que «lo que se ha hecho es reparar un daño». Pedro García (IU) ha llegado a exigir al alcalde, José María Bellido, que no permitiera "el tono" de Fuentes. "No me diga cómo debo dirigir el Pleno", le ha respondido Bellido.

NUEVO ÓRGANO DE COORDINACIÓN

El Pleno ha tomado conocimiento de un decreto del alcalde mediante el que se crea un nuevo órgano que se encargará de la coordinación financiera de todos los entes municipales, tanto empresas como organismos autónomos. Según el decreto, el cometido de este órgano colegiado será "el seguimiento, coordinación y control de las políticas municipales que desarrollen las entidades dependientes del Ayuntamiento", es decir, tanto empresas como organismos autónomos, "y sus consecuencias sobre la estabilidad y sostenibilidad financiera". Con él se pretende garantizar que empresas y organismos "tengan capacidad para afrontar los gastos necesarios" para desarrollar su actividad.

El Pleno ha dado el visto bueno a la composición del Imtur, que tendrá doce miembros y en él tendrán representación todos los grupos municipales. El PP estará representado allí con cuatro, a los que se suman tres del PSOE, dos de Ciudadanos, uno de IU, otro de Vox y otro de Podemos.

PRESUPUESTOS E ILUMINACIÓN

Miguel Ángel Torrico ha anunciado antes del Pleno que el gobierno local espera tener el borrador de presupuestos municipales para el 2020 en octubre. Torrico ha mostrado su preocupación por la falta de presupuesto estatal, que tardará aún más al haber fracasado la investidura de Pedro Sánchez como presidente, y por la afección que pueda tener la demora que se espera en la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado.

Por otro lado, en ruegos y preguntas, Paula Badanelli (Vox) se ha interesado por los contratos para el espectáculo de luz y sonido del Alcázar. Isabel Albás (Cs) ha explicado que está a punto de aprobarse el que le dará continuidad este verano y que trabajan en los pliegos de uno nuevo que adjudicarán antes del 17 de octubre.

El alcalde, José María Bellido, también en ruegos y preguntas, ha dejado claro que el espectáculo de luz y sonido que habrá esta Navidad en la calle Foro Romano (antigua Cruz Conde) "no va a restar ni un solo euro a ningún barrio", por lo que también contarán con iluminación navideña.