La Gerencia de Urbanismo quiere poner en marcha un plan de inspección urbanística e incluir en el mismo las viviendas que están junto al río en la parcelación de Guadalvalle y que se inundaron hace diez años, tras lo que quedaron precintadas para evitar que sus propietarios volvieran a residir en ellas por el peligro que corrían. Cuando se va a cumplir una década de las riadas del 2010, y como adelantó ayer este periódico, aquellas viviendas vuelven a estar habitadas e, incluso, y según el relato de los vecinos, en algunas se han realizado obras. A pesar de que hace una década todas las administraciones coincidían en que en los terrenos no urbanizables que están junto al cauce del río no debe haber viviendas, y que incluso hubo una propuesta por parte de la empresa municipal Vimcorsa de ofrecer ayudas al alquiler a los propietarios a cambio de tirarlas y expedientes de demolición abiertos por Urbanismo, derribos hubo pocos, no más de tres y se produjeron en el 2013. Guadalvalle fue una de las parcelaciones del entorno del aeropuerto más castigadas por el agua tanto en febrero del 2010 como el diciembre de ese año, cuando hubo de nuevo inundaciones.

El presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, garantiza que mandará «inspectores a Guadalvalle en el momento que pueda» para ver qué está pasando. «No es cuestión de iniciar una persecución, sino que es por seguridad, responsabilidad y para regularizar una situación que es preocupante», asegura. Fuentes anunció este verano que en el año 2020 pretende poner en marcha un plan de inspección urbanística al que dotará de personal y ayer explicó a este periódico que dentro del mismo se analizará la situación de las casas precintadas y nuevamente habitadas «y se levantará acta». «Ni rezaré para que no llueva, ni me quedaré con los brazos cruzados», señala Fuentes, que insiste en que el riesgo de inundación fluvial en esa zona «es palpable» y que para ello basta recordar que hace casi diez años «el agua llegó hasta las cubiertas de las casas», por lo que, si vuelve a repetirse una situación similar, «¿quién carga con esa responsabilidad»?, se pregunta.

Una vez inspeccionada la zona, vendrá la segunda parte, decidir qué hacer con las familias que están residiendo en las viviendas precintadas que no debían estar ocupadas de nuevo. Fuentes asegura que habrá que estudiar cada caso y buscar «soluciones» desde el punto de vista «social» y «habitacional». El concejal del PP, que también está al frente de Vimcorsa, señala que desde esta empresa de vivienda y desde Servicios Sociales «habrá que ver qué alternativas hay» para los residentes de esas casas. Su idea es «estudiar la situación» desde los dos ámbitos y «al que no tenga dónde ir, le buscaremos alternativas». La investigación que ha anunciado permitirá saber también «quién tiene actitud delincuencial».

El problema de las zonas inundables tiene varias vertientes. Por un lado, están las viviendas incluidas en parcelaciones ilegales, en sus diferentes tipologías de suelo, para las que estar en una zona con riesgo de inundación es un gran problema tanto para la legalización como para lograr la figura que no regulariza pero otorga reconocimiento y servicios básicos, el AFO. Por otro, están las casas que se encuentran dentro del núcleo urbano, que tampoco se libran de los inconvenientes de la inundabilidad, ya que, tras la última normativa que hay al respecto, cualquier obra necesita informes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y medidas para evitar una anegación.