Llama al periódico desesperado. «Me siento estafado», repite Aurelio, «no sé adónde acudir». De fondo, se oye la voz de una mujer, que le pide calma mientras habla. Su discurso es desordenado. Dos días después, inicia el relato desde el principio con papeles delante.

La historia comienza en el año 2015 en su bar, Los Arrabales, situado en la avenida de Granada, un local del que se hizo cargo su familia cuando el dueño se jubiló. Allí conoció a una señora que iba a tomar café y que, tras darle conversación, dejó caer que vendía un piso «en la calle Torremolinos por 12.000 euros», recuerda Aurelio Ayala. Vecinos de esa misma calle, Aurelio y Brenda pensaron que podía ser buena idea comprar el pisito para su hija con la idea de tenerla cerca. Aquella mujer a la que llamaremos Amanda no residía en Córdoba, así que dejó todos los trámites en manos de su abogado, a quien entregó un poder notarial para llevar a cabo la operación de compraventa. La denuncia presentada cuatro años después por Aurelio, escrita de su puño y letra, cuenta que aquellos trámites se fueron demorando y que, entre tanto, la dueña del piso les fue reclamando dinero. Primero 500 euros, luego 2.000 euros, más tarde otros 500.

«Confiados en los recibos» que les aportaba la otra parte, donde se indicaba «que las cantidades se descontarían a la hora de la firma de la venta», fueron pagando hasta que un día Amanda les pidió que se instalaran en el piso para evitar que pudiera ser ocupado, a cambio de lo cual debían pagar 200 euros mensuales que, según la denuncia, también les serían retraídos a la firma de las escrituras. Aurelio y Brenda aceptan, pero cuando se van a instalar les solicitan que firme un contrato de arrendamiento, que no especifica nada sobre opción de venta. Según explica, «yo no quería firmarlo, pero me convenció diciendo que no me preocupara que era un contrato ficticio y que en poco tiempo estarían las escrituras. Creí que lo hacía de buena fe», indica.

El tiempo pasaba, cuenta Aurelio, sin que la compraventa se cerrara mientras ellos ingresaban 200 euros a la dueña al mes, previa llamada a Amanda, que les había pedido que les avisara, indica, «porque si no el banco se chupaba su dinero». En un momento dado, la dueña del piso les propone que viajen a la ciudad donde reside para cerrar el trato y Aurelio, que hasta entonces no había hecho ninguna comprobación, acude a una notaría para informarse y allí le sugieren que pida nota simple del piso. «En ese momento fue cuando nos enteramos de que estaba embargado con una reclamación de 14.187 euros más 4.200 euros y la llamé para pedirle que me devolviera el dinero que le había dado a cuenta y que yo me iba del piso, pero ella dijo que no, que eso era una equivocación del banco». En el banco, sin embargo, «me confirmaron el embargo». Aquello ocurrió en septiembre del 2017 y Aurelio optó entonces por dejar de pagar el alquiler, incumpliendo así el contrato firmado, mientras intentaba hablar con el abogado de ella, que «no me coge el teléfono», afirma. Desde entonces, asegura haber visitado a tres abogados para que lo representen y, al no haber contrato de compraventa y sí uno de arrendamiento, ninguno ha querido hacerlo.

El 26 de septiembre del 2019, Aurelio Ayala fue juzgado por el impago del alquiler del piso de la calle Torremolinos, tras presentar la otra parte una denuncia de desahucio y la reclamación de más de 2.200 euros por los meses que ha dejado de pagar. La sentencia no ha salido.

Por otro lado, el próximo 13 de noviembre ha sido citado a la primera vista del juicio que deberá revisar la denuncia en la que él reclama daños y perjuicios por lo que considera un engaño y que fue presentada ante el juzgado el 31 de julio de este año. En la vista deberá ratificar su declaración ante el juez. «Yo no entiendo nada de leyes ni mi mujer tampoco», se lamenta Aurelio, «pero sé que lo que ha pasado es que se han aprovechado de la buena fe de nosotros, ¿acaso ya no vale de nada la palabra dada?», insiste.

En este momento, Aurelio se encuentra de baja y en tratamiento psiquiátrico y sigue viviendo en el piso en cuestión. La justicia deberá ahora dilucidar si se ha cometido alguna irregularidad y, en tal caso, sus consecuencias.

Este periódico ha intentado recabar la versión de la otra parte, que por el momento se ha negado a explicar si los hechos ocurrieron tal cual los relata esta familia.

Aurelio y Brenda son ecuatorianos con nacionalidad española. Vinieron a España hace más de una década, primero ella hace 16 años, y luego él hace 13, y su hija Narcisa, la mayor, madre de sus dos nietas. Taxista y conductor de autobús de profesión en Ecuador, Aurelio ha trabajado en Córdoba como camarero hasta que asumió el traspaso del bar que ahora, por motivos de salud, está llevando su hija. A punto de cumplir los 65 años, el objetivo de la compra del piso era «dejar arreglado el futuro de Narcisa y que tenga un techo para ella y sus hijas».