Los reveses que recibe la Acampada Dignidad, que ocupa desde hace más de un año el colegio Rey Heredia, se convierten "en un aluvión de solidaridad", sostiene el portavoz del colectivo, Rafael Juan. "Las últimas noticias han provocado un revuelo tremendo y se ha vuelto a despertar el espíritu solidario en torno a la acampada", comenta. "La gente piensa que nos van a echar de inmediato y eso produce más muestras de solidaridad".

Esta semana se ha hecho pública la calificación de la Fiscalía que pide para diez personas de la Acampada Dignidad la pena de "cuatro meses de multa con una cuota diaria de seis euros" (720 euros por imputado) por un delito de usurpación. En caso de no pagar, se propone un día de prisión por cada dos cuotas impagadas. "Muchos han ofrecido ya su ayuda y a lo mejor se llevan la sorpresa de que esos 7.250 euros que pide el fiscal los reúna pronto la acampada", explica.

Acampada Dignidad decidirá hoy en asamblea los próximos pasos a seguir, si bien tienen claro que no desalojarán el colegio como pide el Ayuntamiento. La idea continúa siendo la misma desde hace meses y pasa por ceder el espacio y sus usos sociales al Consejo de Distrito Sur, que ya ha completado todos los requisitos legales que el Consistorio les pidió para continuar con las actividades del Rey Heredia. "El Consejo de Distrito Sur y la Acampada Dignidad van de la mano", dice Juan. Precisamente, el consejo ha solicitado una reunión de la junta municipal para pedir explicaciones sobre la cesión y el silencio que el Ayuntamiento mantiene.

Mientras se resuelve la vía judicial, el Gobierno local ha optado por el silencio. Se está a la espera además de que la asesoría jurídica municipal analice la providencia fiscal y redacte sus propias peticiones como acusación particular. "Hasta ahora el Ayuntamiento ha optado por la vía dura y el alcalde, por el autoritarismo. Eso no tiene defensa ninguna y produce más oposición y enfado entre la ciudadanía", opina Juan. Los portavoces del colectivo han valorado de forma positiva la calificación fiscal, ya que dentro de lo que se pide por un delito de usurpación, de tres a seis meses, "el fiscal ha optado por cuatro, una franja media-baja". También aplauden que "reconozca la labor social que estamos haciendo" y que, en los dos años anteriores a la ocupación, el Ayuntamiento "no nos hiciera ni caso" cuando le pedíamos la cesión del edificio. Por contra, consideran "una ridiculez" que les exijan 237,5 euros por la luz y el agua.