Antonio y Concepción tienen 63 y 62 años y viven con dos hijos, una estudiante y un joven en paro. Sus únicos ingresos son «los 430 euros de subsidio», explica Antonio, «menos mal que nos ayuda Cruz Roja, Cáritas y el abuelo en lo que puede, el padre de mi mujer, con su paguita». Antonio, que ha sido autónomo durante años, no puede jubilarse porque tiene una deuda con la Seguridad Social que le impide tener acceso a esa prestación. Su casa se la quedó el banco cuando no pudieron cumplir con los pagos de la hipoteca que pidió para comprar un camión y pagar deudas de la empresa que se fue a pique en mitad de la crisis. Hace unos días, le llegó un burofax informándole de la fecha del desahucio, el próximo 15 de febrero a las 9.30 horas. Como en la mayoría de casos, no tienen adónde ir, así que han iniciado una negociación de alquiler social con la Caja Rural a través de Anfane. «Perdí el trabajo y mi casa es del banco, pero no tengo ingresos como para pagar un alquiler normal y tampoco hay viviendas sociales, ¿dónde nos vamos a ir?».
