«Parece como si la Justicia no interesara al poder político»

-La Ciudad de la Justicia ha representado un verdadero avance para ciudadanos, justiciables y profesionales por la concentración que ha supuesto de las nueve sedes judiciales entonces existentes dispersas por la ciudad. La optimización de los recursos y el ahorro de tiempo es algo evidente que notamos en el día a día. Todos hemos ganado en eficiencia y comodidad. Y lo más reseñable es que esta moderna infraestructura ha nacido con clara vocación de futuro, lógicamente con un diseño para acoger la tan esperada nueva oficina judicial y con espacio para asumir la creación de futuros órganos o una distribución territorial distinta de la Justicia que suponga una concentración de más jueces por órgano judicial. Pero, desde luego, sería iluso pensar que una infraestructura, por importante que sea, pueda resolver todos los problemas del servicio al que va destinada. El ferrocarril es la vía del tren y las estaciones, pero también la maquinaria y el capital humano que la dirige. Sin todo ello, que es tanto como hablar de reformas de leyes procesales, una oficina judicial moderna, una nueva distribución territorial de la Justicia, un proceso de digitalización debidamente culminado y armonizado para todo el territorio nacional, continuaremos inmersos en una situación de precariedad; sin más jueces y más equipo humano auxiliar, seguiremos afectados por serias dificultades para prestar al ciudadano un buen servicio público.

-También han sido frecuentes en el 2018 las reivindicaciones de funcionarios y del estamento judicial, que sigue sin ver atendidas sus demandas.

-Creo que al responder a la pregunta anterior estoy ya reconociendo ese déficit que venimos arrastrando desde hace años. Parece como si la Justicia no interesara lo suficiente al poder político. Basta comprobar las partidas económicas que en los Presupuestos Generales de cada año se dedican a Justicia en comparación a las que se destinan a otros ámbitos de la Administración pública. Quizá porque sea un servicio menos usado que el de la Educación o la Sanidad, por ejemplo. Desde luego, las reivindicaciones del estamento judicial ahí permanecen sin ser satisfechas en su mayoría. Se siguen sin convocar las plazas de jueces que se necesitan. Los últimos cinco años han sido de sequía, habiéndose creado poquísimos órganos. Asimismo, la implantación definitiva del expediente judicial sigue siendo asignatura pendiente.

-Con esos dos asuntos como cabecera, ¿qué balance hace del ejercicio que ahora acaba?

-No puede ser del todo positivo. Es verdad que el año pasado se crearon dos nuevos órganos en la capital: el Juzgado de Primera Instancia número 11, destinado a cláusulas suelo, y el Penal número 6, dedicado con carácter exclusivo y excluyente al enjuiciamiento de los delitos menos graves de violencia de género. Aunque para ser más preciso, vistas las carencias, y muy a nuestro pesar, este juzgado tuvo que nacer de la reconversión del Juzgado de Menores número 2, con lo que la implantación de este nuevo órgano no tuvo apenas coste. Por lo demás, siguen siendo asignaturas pendientes la creación de nuevos órganos, y de tres plazas de magistrado en la Audiencia Provincial, la dotación de servicios comunes de notificaciones y embargos en los juzgados de Montoro y Cabra, la ampliación de las plantillas de funcionarios en los partidos judiciales de la provincia y, como ya he dicho, una completa y debida digitalización de la Administración de Justicia.

-Y en el 2019, empezamos con la consecución de una de las demandas más prolongadas, como es el Juzgado de Guardia de 24 horas. ¿Qué va a suponer para Córdoba y para su estamento judicial?

-Todos sabemos los avatares y el largo camino seguido hasta el reconocimiento legal del Juzgado de Guardia de 24 horas. Ha sido una orden de la Secretaría de Estado de Justicia del pasado día 14 la que por fin ha venido a reconocer este servicio para el partido judicial de Córdoba. Han sido muchos los esfuerzos volcados en este logro. Desde el anterior presidente de la Audiencia y anteriores jueces decanos, funcionarios, sindicatos y la Junta de Andalucía, con su consejera de Justicia a la cabeza dando el impulso final, todos hemos estado involucrados. Además, la nueva infraestructura judicial no podía dejar pasar la oportunidad de contar en sus modernas instalaciones con la prestación de un servicio de este tipo, que es muy positivo para Córdoba, ciudad que recibe además una ingente cantidad de turismo. De él se van a beneficiar justiciables y profesionales. Ya solo queda implantarlo y organizarlo, lo que espero que se haga en breve con las decisiones que tomen la Junta de Jueces, la Fiscalía y el secretario coordinador.

-Otra demanda conseguida fue la de la oficina judicial, que tampoco acaba de arrancar, ¿no?

-Hay ya aprobada una relación de puestos de trabajo (RPT). En Andalucía la oficina judicial se ha puesto en marcha en El Ejido y Vélez-Málaga, y para Córdoba hay aprobada, como digo, una RPT que va a servir de referente para la implantación de la nueva oficina judicial en el resto de capitales andaluzas.

-Hace unos días se aprobó por el Consejo General del Poder Judicial la asignación de nuevos jueces para algunas provincias andaluzas. Entre esas asignaciones no había ninguna para Córdoba. ¿Sigue habiendo necesidad de jueces y fiscales en Córdoba?, ¿cuántos?

-Por desgracia, Córdoba se quedó sin un juez de la última promoción de la carrera judicial pese al empeño que pusimos tanto el presidente del Tribunal Superior de Justicia como yo mismo. Estaba previsto que contásemos con uno para reforzar el Juzgado de Primera Instancia 9 bis, que se creó coyunturalmente en su día para el tema de cláusulas suelo, pero no ha podido ser.

-¿Continúa la sobrecarga, por no decir colapso, en los juzgados de Córdoba?, ¿hace falta que se creen más juzgados en la provincia?

-Desde luego. Esto no es una novedad. La jurisdicción civil es la que peor está. Y al efecto se está demandando, con informes ya favorables del TSJA y de la Consejería de Justicia, la creación para este año de dos nuevos juzgados de primera instancia en la capital, el número 12, que se destinaría a familia, y el 13, aparte de un nuevo juzgado de lo social. Asimismo, se contemplan tres plazas para la Audiencia Provincial, una para la sección civil, que ya se está colapsando, y otras dos para las secciones penales. Pero hay que ser prudente y no lanzar las campanas al vuelo. Hay que esperar a que esto se concrete y perfile desde el punto de vista presupuestario. Ya me he llevado muchos desengaños. Prefiero, como digo, esperar y ser cauto.

-Este inicio del año coincide con un cambio histórico en el ámbito político en Andalucía, con el fin de la etapa socialista en la Junta. ¿Qué balance hace, desde el punto de vista judicial, de dicho periodo?

-Ha tenido sus luces y sus sombras. En muchos casos ha sido más la buena voluntad que la efectividad. Pero hay que reconocer también logros y aciertos. Las infraestructuras judiciales de Córdoba y provincia son todas nuevas o remozadas, y esto es muy importante por el esfuerzo económico que ha supuesto. El empeño de la Administración autonómica por poner en marcha la nueva oficina judicial y la plena digitalización de los órganos judiciales queda fuera de toda duda. Se han destinado partidas importantes de dinero a estos menesteres. Pero, en cambio, hay cosas que se han quedado en el tintero, y otras necesidades han continuado insatisfechas. El tema de la cobertura de las plazas de funcionarios en caso de enfermedad o vacante, así como la dotación de refuerzos, aparte de la lentitud en la atención de las peticiones que desde la Justicia hemos hecho, ha dejado mucho que desear. Tampoco se han aumentado las plantillas de los juzgados de los partidos judiciales de la provincia. En cualquier caso, no quisiera dejar de reconocer la extraordinaria labor desempeñada por la anterior consejera de Justicia, Rosa Aguilar, que ha estado a pie de obra, día a día, con los jueces, con los órganos de gobierno de estos, con fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y sindicatos, tratando de solucionar los problemas. Su gestión es alabada por todo el estamento judicial, y desde aquí, como presidente de la Audiencia, no puedo menos que agradecerle su buen hacer en el tiempo en que ha estado al frente de la consejería.

-Este cambio de ciclo ha elevado hasta el Gobierno andaluz, por primera vez, al Partido Popular, en coalición con Ciudadanos. ¿Qué espera de ellos? O mejor, ¿qué les pide a ellos el mundo de la Justicia de Córdoba?

-Pues que tomen conciencia de la importancia de la Justicia. Que el nuevo Gobierno andaluz tenga siempre presente que la Justicia presta un servicio público al ciudadano de suma relevancia, que los jueces le dispensamos la tutela judicial efectiva, y que somos garantes del ejercicio de sus derechos y libertades, que no es poco. Sin un poder judicial fuerte e independiente no se concibe un Estado de derecho moderno. Por tanto, al nuevo Gobierno, y en especial a la persona que ocupe la Consejería de Justicia, le demandamos la máxima sensibilidad y conciencia de la relevancia de ese servicio público de cara a satisfacer las graves necesidades de la Justicia.

-¿Ve posible la reforma de algunas normas de enorme calado social, como las de violencia de género, entre otras, como están defendiendo algunos de los partidos que apoyan al actual Gobierno?

-Todas las normas jurídicas son mejorables y susceptibles de ser acomodadas a la nueva realidad social. Si la ley de protección integral contra la violencia de género de 2004 hubiera sido definitiva, no habría experimentado reformas, ni los parlamentos autonómicos hubiesen tenido necesidad de dictar normas complementarias. La bondad o defectos de una ley se ve con el paso del tiempo. A los jueces no nos corresponde reivindicar reformas, derogaciones o cambios legislativos, eso es tarea del legislador. Nosotros las aplicamos y las interpretamos. Otra cosa es que nuestras interpretaciones sean atendidas por el legislador y trasladadas a los textos legales bien para acogerlas o bien para evitarlas haciendo más claro el texto legal.

-Algunos sucesos acontecidos el año pasado han minado la imagen del mundo judicial en España, como la sentencia de ‘La Manada’, o las rectificaciones del Tribunal Supremo sobre las hipotecas y sus problemas internos. ¿Qué cree que se debería hacer para recuperar un poco esa imagen?

-En España se dictan anualmente cientos de miles de resoluciones judiciales, aunque es comprensible que salten a los medios de comunicación algunas de ellas, bien por la enjundia social de los asuntos que se tratan o bien por afectar a temas sensibles para la ciudadanía. Y tanto más cuando la resolución puede resultar a veces ininteligible, a lo que contribuye en mucho la falta de explicación por parte del poder judicial de las resoluciones que dicta. En ocasiones, por ese déficit explicativo, al ciudadano le cuesta con razón comprender determinadas decisiones judiciales. Antes dije que los jueces están para aplicar e interpretar las leyes, y que los legisladores son los encargados de generarlas o de adaptar las existentes a los cambios sociales. Con frecuencia se suele olvidar esto. Nadie se acuerda de que fue el Código Penal de 1995 el que sacó del ámbito de la violación, llevándolo al de los abusos sexuales, los ataques más graves a la libertad sexual de la mujer cuando ésta se encontraba privada de razón o de sentido o simplemente cuando era menor, no alcanzaba determinada edad y no se utilizaba fuerza o intimidación. De todas formas, aún no se ha dicho la última palabra en el tema de La Manada. Hay pendiente un recurso ante el Tribunal Supremo. En buena parte de esto que estoy diciendo, y en una poco afortunada gestión del tema, se halla también el desconcierto generado por decisiones judiciales acerca del pago de determinado impuesto derivado de la constitución de hipotecas. No es la primera vez que la jurisprudencia emprende o cambia una línea argumental diferente. Eso es normal y consustancial a la labor judicial. Y cuántas veces la función interpretadora de la jurisprudencia provoca, como ha ocurrido ahora, cambios legislativos, señal inequívoca de que la ley anterior objeto de interpretación no estaba clara. En cualquier caso, es evidente que la imagen de la justicia queda dañada si todo ello no se sabe explicar. Aunque tampoco debe ser esto motivo de alarma. Los errores que se hayan podido cometer son tributarios de la condición humana, predicable también de los jueces.

-¿Es usted partidario de reformar el procedimiento para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)?

-Eso sería lo deseable, como he dicho en otras ocasiones en que se me ha pedido opinión y como de modo coincidente -cosa que no siempre ha ocurrido- mantienen actualmente todas las asociaciones judiciales. Aunque fuese con fines puramente estéticos, debería volverse al sistema originario de nombramiento de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, que por otra parte es el que mejor se aviene a la letra y espíritu del artículo 122. 3 de la Constitución, como el propio Tribunal Constitucional vino a reconocer en su día. Con ello no quiero decir que el Consejo General del Poder Judicial se aparte en sus decisiones de criterios que busquen la mejor solución para la Administración de Justicia. Una cosa es el origen de sus nombramientos y otra bien distinta la profesionalidad de los nombrados en el desempeño de su función. En cualquier caso, para evitar precisamente suspicacias entre los ciudadanos, debería volverse al primigenio sistema de nombramiento de los vocales del máximo órgano de gobierno de los jueces, es decir, a la elección de 12 de sus componentes entre magistrados y jueces y que sean estos mismos quienes los elijan, designando las Cortes a los ocho restantes. Pero parece que no hay voluntad política de acometer esta reforma. Por parte de algunos partidos políticos ha habido muchas promesas incumplidas.