La comisión de periferia, en la que están el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Al-Zahara, los consejos de distrito de las barriadas y colectivos de parcelistas como CALU o Alamiriya, se ha reunido para fijar los pasos a seguir ante la falta de respuesta a sus reivindicaciones y ya tienen establecida una hoja de ruta que, eso sí, está condicionada a cómo evolucione la crisis por el coronavirus, que puede influir en que se retrase el calendario que tienen previsto. Lo más urgente es para ellos la puesta en marcha de una oficina del territorio que ayude a los que están en una fase más avanzada de la regularización, según explica el presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia.

La comisión tiene prevista una reunión con el alcalde, José María Bellido, y con la delegada territorial de Fomento y Vivienda, Cristina Casanueva. Depende de lo que ocurra en esas reuniones, tomarán unas determinaciones u otras. En principio, ya tienen fijadas acciones, que irán desde medidas encaminadas a recibir el apoyo del Pleno y del Parlamento a concentraciones. Lo primero que harán es dirigirse a los grupos políticos municipales para presentar una moción en el próximo Pleno que haya en el Ayuntamiento y a los grupos parlamentarios. Después, tienen previstas tres concentraciones que quieren llevar a cabo antes del mes de mayo (aunque podría ser después en función de lo que ocurra con las medidas que se están decretando por el coronavirus).

Además de ver necesaria la puesta en marcha de la oficina del territorio dentro de Urbanismo, para lo que esperan que se aproveche la incorporación de arquitectos previstos, quieren que haya reuniones entre la Junta y el Ayuntamiento para aclarar qué pasará con el decreto aprobado el año pasado en relación a las viviendas irregulares, respecto al que «no hay novedad» después de que el Gobierno central haya mostrado su disconformidad con varios artículos. «La situación está paralizada y hay mucho malestar porque no ha habido cambios», explica De Gracia. A mitad de enero, la comisión de periferia ya denunció la paralización de los procesos de legalización y de dotación de servicios.