La comisión de periferia, en la que están el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Al-Zahara, los consejos de distrito y colectivos de parcelistas como CALU o Alamiriya, estudiará si recurre el decreto de la Junta que afecta a las viviendas ilegales. El presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, asegura que los afectados «están cansados», ya que consideran que la nueva norma «no aporta nada nuevo a la ciudad» y «es un retroceso», sobre todo, al derogar la modificación de la LOUA del 2018 que permitía el adelanto de servicios básicos en urbanizaciones con plan parcial aprobado. «Algunas habían iniciado el procedimiento para adelantar los servicios pero ahora, al desaparecer esa posibilidad, se quedan con los gastos colgados porque no pueden, por lo que hay perjudicados directos que pierden derechos», lamenta. La comisión exigirá una reunión con el alcalde para conocer cómo aplicará Urbanismo el decreto y con la consejera de Ordenación del Territorio. Aunque empezarán por la vía del «diálogo», no descartan movilizaciones.

Teniendo en cuenta que las parcelaciones regularizables se ven obligadas a seguir un proceso que «no avanza», la comisión exigirá su agilización y la creación de una oficina en Urbanismo dedicada exclusivamente a ello. En cuanto a las fórmulas contra la inundabilidad previstas, De Gracia afirma que las actuaciones en el entorno del río «deben hacerlas las administraciones». Aunque la comisión es consciente de que habrá más cambios con la futura ley del suelo, De Gracia señala que «no podemos esperar porque la gente lleva decenas de años aguardando».

La comisión ha analizado el decreto y de él subraya que en suelo urbano y urbanizable lo que prevé es que las parcelaciones sigan con la legalización; la urbanización por fases; y distintos tipos de avales. La comisión destaca que «no se podrán adelantar servicios vía plan especial» en ese tipo de suelo al tener plan parcial aprobado definitivamente y «solo podrán usar el AFO de forma individual y si ejecutan el enganche». Además, en zona inundable los propietarios deberán tomar medidas previamente si quieren acogerse a la figura del AFO.

En cuanto a los terrenos no urbanizables, la comisión explica que «no se les abre ninguna vía para acceder a los servicios», ya que la mayoría de las parcelaciones están en suelo protegido. Las únicas que podrían salvarse son las de la Vega si la protección desaparece. En el caso de los asentamientos, y según señala, «pueden intentar incorporarse al PGOU vía innovación» pero si se acepta que «entran dentro del modelo urbanístico», forma en la que podrían adelantar servicios con un plan especial o vía AFO. En cambio, añade, las casas aisladas de zona protegida lo tienen complicado. Hay otros casos que la comisión estima que hay que resolver como los de Fontanar de Quintos y las parcelaciones de la ampliación de Poniente, respecto a las que exige la finalización del informe de impacto ambiental. La comisión cree que núcleos como El Ángel, Santa Cruz y Trassierra pueden beneficiarse del decreto. Entre las actuaciones previstas, está la de negociar una nueva ley y exigir la innovación de PGOU.