La Coordinadora Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU) considera que el decreto de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la comunidad «no da respuesta a la inmensa mayoría de edificaciones» en dicha situación. Según han manifestado desde la coordinadora, los representantes de colectivos de todas las provincias andaluzas con parcelas y urbanizaciones no legalizadas han defendido en una reunión en Córdoba que dicho decreto se tramite como «proyecto de ley para incluir las demandas vecinales». Al respecto, han calificado como «insuficiente» dicho decreto, porque «no aporta soluciones para la dotación de servicios».