La comisión de periferia del Consejo del Movimiento Ciudadano, en la que están Al-Zahara, los consejos de distrito (incluido ahora el de Carrera del Caballo) y colectivos de parcelistas como CALU o Alamiriya, denuncian la paralización de los procesos de legalización y de dotación de servicios. La comisión se ha reunido para evaluar la situación de las parcelaciones y plantear sus demandas ante la Junta y el Ayuntamiento. Entre sus peticiones están modificar el decreto que aprobó la Junta en el 2019 y que está en trámites de negociación con el Gobierno después de que este haya cuestionado varios artículos. En principio, la idea es utilizar la vía de la «interlocución y negociación», por lo que exigen reuniones con Ayuntamiento y Junta, para pasar «a otro tipo de acciones» si esa falla, ya que «los procesos no avanzan» y «la gente no puede esperar más», afirma su presidente, Juan Andrés de Gracia.
En la reunión, y según De Gracia, el sentir fue «unánime, por lo que hay que exigir a Ayuntamiento y Junta que cumplan sus compromisos con las parcelaciones a distintos niveles, ya que han tenido tiempo suficiente para tomar las decisiones oportunas». Estos colectivos opinan que el decreto «no ha cambiado la realidad de las parcelaciones en Córdoba». A su juicio, «lo más urgente» es cumplir con lo acordado en la reunión en la que se anunciaron grupos de trabajo para cada tipo de suelo, hecho que no ha ocurrido «y debe ser a corto plazo».
Esto colectivos quieren que se les tenga en cuenta en la elaboración de la nueva ley urbanística de Andalucía, en cuyo comité de expertos están el gerente de Urbanismo, Luis Valdelomar, y el catedrático de Derecho Administrativo Manuel Rebollo. Sin embargo, mientras se elabora, acudirán a los grupos parlamentarios para promover la modificación del decreto.
La oficina de parcelaciones, urgente
La oficina de parcelaciones, urgente De Gracia considera urgente que Urbanismo cree la oficina de parcelaciones para ayudar a los que están en una fase más avanzada de la regularización. «Cada vez que dan un paso para adelante, dan otro para atrás y trámites fáciles se alargan años», lamenta.Entre las tareas pendientes, cita la de abordar el problema de las entidades de conservación, ya que «no tiene sentido el mantenimiento por 25 años», y que se aclare si se va a realizar la innovación del PGOU que afecta a las parcelaciones porque «si no, seguimos teniendo problemas por la calificación y la protección, sobre todo, en la Vega y la Sierra».
La comisión exige que se recupere la mesa del río y que «de forma inmediata se sienten las tres administraciones» (CHG, Junta y Ayuntamiento) para «buscar soluciones que garanticen la seguridad» en las zonas inundables, excepto en Guadalvalle, donde tienen claro que las casas del cauce «no deben continuar». Quieren también ser escuchados por la CHG en la revisión de los mapas de inundaciones y que esta busque con el Ayuntamiento «sistemas de colaboración» que hagan que la probabilidad de inundación no impida la actividad en el núcleo urbano y en la periferia.
