Resulta paradójico que cuando la ordenanza de la ITE está a punto de cumplir dos años de escaso, por no decir nulo, seguimiento, llegue este decreto a ampliar su ámbito de aplicación y complicarlo todo. El objetivo es bueno, garantizar la seguridad de las viviendas y fomentar la rehabilitación, pero está claro que algo falla. Por ello, es el momento de que el Ayuntamiento decida qué hacer con la ITE y que Gobierno y Junta busquen fórmulas para incentivarla.