Contundente. El informe suscrito por el funcionario de habilitación nacional y secretario general del Pleno, Valeriano Lavela, no deja lugar a dudas y confirma lo que la Gerencia Municipal de Urbanismo ya había dicho en otro informe de su departamento de Patrimonio y Contratación. El suelo en el que se ubica la comisaría de Policía de Campo Madre de Dios es propiedad del Estado, al haber transcurrido más de 30 años de la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento y sin que la Asociación Mutua Benéfica de la Policía Armada construyese las 30 viviendas para lo que se cedió el suelo. Lavela considera que el Estado "podría haber adquirido por prescripción adquisitiva" la propiedad del solar objeto de cesión municipal, toda vez que ni se construyeron efectivamente las viviendas y ese suelo fue destinado por la propia Policía a servir de aparcamiento dentro de las dependencias policiales.

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, va a remitir este informe al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en la que será ya la tercera carta que la regidora envía a Madrid sin que de momento le hayan dado respuesta. Ambrosio responde de este modo a las demandas del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, quien insiste, al igual que ha hecho esta mañana el portavoz municipal del PP, José María Bellido José María Bellido, en que el Ayuntamiento no quiere poner solución a este problema. Desde le gobierno local, por contra, consideran que el PP busca embrollar la situación para no incluir la reforma del edificio en los presupuestos generales del 2017. En cualquier caso, la regidora cordobesa vuelve a emplazar en su carta al ministro Zoido a una reunión para abordar este tema o, en su caso, la búsqueda de un terreno alternativo al que actualmente acoge la comisaría. Fuentes municipales insisten en que no han recibido "ningún papel" por parte del Ministerio del Interior especificando sus demandas, cuando ésta es ya la tercera misiva que envía la alcaldesa. "Nosotros mandamos papeles, ellos hacen ruedas de prensa", han indicado estas fuentes.

En el informe, el secretario municipal recomienda a la mutualidad y al Ministerio del Interior los pasos que deberían dar y que pasan por que el Consejo de Gobierno o la comisión ejecutiva de la mutualidad adopte un acuerdo reconociendo la cesión que se hizo y que no se cumplió la finalidad inicialmente prevista (la construcción de viviendas) y reconociendo que la comisaría "pacíficamente y a título de dueño de esos bienes desde hace más de 30 años" viene destinando esos suelos como aparcamientos. Después deberá expedirse la oportuna certificación expeditiva, en base a la ley de Patrimonio del Estado, que deberá reconocer haber adquirido la propiedad y haberse producido "la usucapión adquisitiva" a favor de la Administración del Estado. Finalmente debería inscribirse a nombre del Estado y en el Registro de la Propiedad los referidos terrenos.