Hace tiempo que les cuesta ver la luz. Sin trabajo, sin ingresos, con la vivienda amenazada por un desahucio que lleva seis años suspendido a la espera de que la UE se pronuncie sobre la cláusula de vencimiento anticipado, la familia de Pilar sobrevive a duras penas, combatiendo con fármacos la ansiedad y la depresión en la que han caído padre, madre e hijo. No siempre fue así. El marido de Pilar era repartidor de mercancías, pero lleva más de diez años parado, ella trabajó en la hostelería, pero ya no encuentra nada y su hijo, de 26 años, es cocinero, pero tampoco ha tenido mejor suerte laboral. Su piso, en el barrio de Fátima, amaneció el lunes con la luz cortada. Desde hace tres años, no pagan los recibos, lo que les ha llevado a acumular una deuda de 2.100 euros. «No estamos en riesgo de exclusión, sino en exclusión, creía que en esta situación Endesa no podía cortar la luz», explica Francis, angustiado por el estado de nervios en el que está su madre y abrumado por el desconocimiento sobre los pasos a seguir en un caso así. Según su relato, cuando acudieron a Endesa el lunes, les pidieron un informe sobre su situación de vulnerabilidad y acudieron a Servicios Sociales, donde «nos atendieron el primer día, pero seguimos sin luz y ya no nos ven más sin cita, cuando las citas son para dentro de tres meses, no sabemos qué hacer».
Endesa argumenta que el compromiso de no cortar la luz a las familias vulnerables no significa que tengan luz gratis de forma indefinida y que deben actuar para reducir la deuda, negociar un plan de pago o solicitar alguna ayuda social para ponerse al día. Asimismo, señalan que se envió un aviso en agosto dando cuatro meses de plazo para ponerse al día y que no han tenido respuesta. Servicios Sociales, por su parte, advierte de que «las ayudas de emergencia no se tramitan de un día para otro», por lo que recomiendan a las familias que acudan a los trabajadores sociales cuando reciban el aviso, en lugar de esperar a que se produzca el corte. En cuanto a las citas, aseguran que hay un protocolo que prioriza la atención en caso de violencia de género, cortes de suministro y desahucios. Ante los hechos consumados y al tratarse de una empresa privada, solo queda «intentar mediar».
