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la junta de gobierno local aprueba el nuevo documento

La ordenanza fija un plazo máximo de tres meses para resolver una licencia

Los solicitantes podrán hacer un seguimiento de los trámites a través de una oficina virtual. Los procedimientos sometidos a calificación ambiental contarán con otros tres meses más

 

Uno de los bloques en construcción en la capital. - FRANCISCO GONZÁLEZ

Isabel Leña Isabel Leña
04/05/2019

La tramitación de la ordenanza para agilizar licencias echó ayer a andar con la aprobación inicial por parte de la junta de gobierno local. Nueve meses después de su presentación, el documento pasa el primer examen después de los matices introducidos para corregir las «erratas», «incoherencias» e imprecisiones que lo hacían confuso observadas en el mismo tanto por la Asesoría Jurídica como por el titular del órgano de apoyo a la junta de gobierno local. De esa forma, el texto queda listo para recibir el dictamen del Consejo Social y del Consejo del Movimiento Ciudadano, paso previo a su exposición pública, por lo que aún le queda tiempo hasta su aprobación definitiva, que quedará ya para el próximo mandato, y puede experimentar algún cambio. Para reducir plazos, la nueva ordenanza fija un tiempo máximo de tres meses (o el que establezca la legislación sectorial), a contar desde que la solicitud entra en el registro, para resolver y notificar un permiso. A ese periodo se suman otros tres meses más si el procedimiento está sometido a calificación ambiental. Esos plazos se suspenderán en caso de exposición pública, para subsanar deficiencias o para la emisión de los informes obligatorios. Una de las novedades es el silencio positivo, que da por concedida la licencia si no contraviene la ordenación territorial urbanística.

La ordenanza contempla medidas para que el solicitante esté en todo momento informado. Para ello, Urbanismo deberá habilitar una oficina virtual de licencias a través de la que podrá hacer seguimiento de los trámites.

Entre otros casos, sometidas a licencia estarán las actuaciones que requieran proyecto técnico y afecten a parámetros urbanísticos básicos, a espacios protegidos, a suelo no urbanizable y a dominio público. Además de las licencias de obra mayor, se mantienen las de ocupación y utilización. También habrá licencia de parcelación y de actividad. En cambio, desaparecen los permisos de obra menor, que son sustituidos por las declaraciones responsables para actuaciones ligadas al acondicionamiento de locales que no requieran redacción del proyecto u otras de conservación y mantenimiento con o sin dirección técnica. Esta modalidad sustituye también a las licencias de apertura. Junto a licencias y declaraciones convivirán las comunicaciones previas para transmisiones, traspasos y cambios de titularidad, desestimientos, prórrogas y paralizaciones. Estas declaraciones responsables y comunicaciones previas tienen efecto inmediato desde el momento en el que se presenta la documentación, permitiendo el inicio de la actividad. En suelo urbano consolidado, la declaración o la comunicación serán suficientes para realizar escrituras de obra nueva y para contratar los servicios de luz, agua y gas.

Si el presidente de Urbanismo, Pedro García, considera esta ordenanza como «de las más vanguardistas» del país y piensa que reducirá los plazos hasta un 30%, la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, la calificaba ayer como «valiente» e «innovadora» y aseguraba que la paralización de las licencias «es un problema endémico de todos los ayuntamientos». La alcaldesa, Isabel Ambrosio, también se refería a la ordenanza y reconocía que «es imposible» que quede aprobada en este mandato. «Nosotros no hacemos las cosas solo para cuando dura un mandato, sino que damos los pasos necesarios para dejar encaminado el proceso», señaló. La ordenanza es una de las medidas planteadas por el Ayuntamiento para hacer frente a la paralización de licencias denunciada por CECO, Construcor y seis colegios profesionales, que aseguran que las demoras superan hasta el año y medio.

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