La oposición recurre las ordenanzas al TSJA aunque seguirán vigentes

El pleno se ha desarrollado sin que la oposición desvelara que ya había acudido al TSJA (el 25 de febrero), antes de que expirase el plazo para poder hacerlo (dos meses tras la aprobación de las ordenanzas, el 27 de diciembre). No obstante, el TSJA ha dado un plazo de 10 días a los recurrentes para subsanar los defectos observados en su recurso, por lo que hasta ese momento no será oficial.

La portavoz socialista, Isabel Ambrosio, aseguró en el pleno que no pedirían medidas cautelares, como la suspensión del acuerdo de ordenanzas. Fuentes jurídicas consultadas insisten en que aunque quisiesen no podrían hacerlo y vaticinan que la sentencia irá para largo. Los efectos prácticos de esta denuncia, por tanto, no se dejarán sentir por ahora, de modo que las ordenanzas que entraron en vigor el 1 de enero y con las que se espera recaudar unos 170 millones de euros seguirán vigentes.

En el pleno extraordinario se ha debatido, por un lado, si el expediente de tasas se aprobó conforme a la norma, y se ha votado, por otro, si acudir o no al Consejo Consultivo para que fuese este órgano quien lo valorase. Los socialistas han propuesto al equipo de gobierno una medida transaccional: hacer una revisión de oficio de las ordenanzas, pero PP y Cs no han querido recoger el guante. El gobierno local acusa a la oposición de no querer que se aprueben unas ordenanzas que suponen «la mayor rebaja fiscal» de la historia de Córdoba. «No les entienden ni sus votantes. Les mata que hayamos bajado impuestos manteniendo los servicios», espetó el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes. En esta línea ahondó la portavoz de Vox, Paula Badanelli, al reconocer que quizá hubo «prisas» en la tramitación, pero que «se ciñen a la ley» y son «objetivamente buenas».

El pleno se ha celebrado con la ausencia del secretario del Pleno, Valeriano Lavela, de baja médica, pese a que fue uno de los protagonistas. El hecho de que este habilitado nacional, pese al requerimiento de la oposición, no se haya pronunciado sobre las ordenanzas (en una de las ocasiones impelido por un informe de Presidencia) fue uno de los principales argumentos para atacar la labor del gobierno local, al que acusan de haber obstaculizado esos informes por oscurantismo y de haber presionado al funcionario para que no se pronunciase. «¿Tanto riesgo había en ese informe? Si tan seguros estábais, ¿por qué no dejásteis hablar al secretario?», preguntó Isabel Ambrosio. «Le puedo asegurar mirándole a los ojos que no ha recibido presión ninguna», le respondió el alcalde, José María Bellido.

De hecho, en un intento de despejar las dudas sembradas por la oposición, el alcalde pidió al funcionario que hacía las veces de secretario accidental, Ignacio Ruiz Soldado, que se pronunciase in voce al respecto. El secretario accidental consideró que los informes solicitados al CREA y al jefe de Gestión Tributaria fueron suficientes para despejar las dudas. Cabe recordar que en sendos dictámenes se aseguraba que las ordenanzas habían sido aprobadas conforme a la ley. «El procedimiento ha sido legal, prudente, proporcionado y adecuado y lo dice el CREA», añadió Fuentes. Por contra, Alba Doblas (IU) sostuvo que el órgano de resolución dictaminó así por carecer de toda la documentación. «Señor Fuentes ha incumplido todos los plazos y lo ha hecho rematadamente mal», dijo, después de afirmar que la presión al secretario fue evidente al lanzar éste «un SOS a la oposición» pidiendo que se dirigiera al Consultivo y a la Junta, «le faltó decirnos que fuéramos a la Guardia Civil», remató Doblas. Juan Alcántara (Podemos), por su parte, recordó la amplia jurisprudencia que hay sobre estos casos. El pleno se ha desarrollado en un tono amable, con excepción de los supuestos besos lanzados por Fuentes.