El plan de choque para desatascar la Gerencia de Urbanismo ha sido recibido con frialdad por parte de la oposición, que se divivide entre quienes dudan de que en efecto existan, como dicen PP y Cs, 3.000 licencias pendientes, y quienes cuestionan el método que se ha elegido para solucionar la situación de atasco.

De este modo, PSOE e IU insisten en la falsedad de las cifras. El exresponsable de la Gerencia, Pedro García (IU), asegura que cuando dejaron el gobierno había 944, «algunas menos que las que nos encontramos nosotros en 2015, herencia del PP», dijo. El resto, hasta 3.000, son, según García, declaraciones responsables que no impiden iniciar la actividad empresarial, ni paraliza nada. El concejal del PSOE José Antonio Romero, por su parte, solicitó ayer formalmente que el secretario de Urbanismo certifique el número de licencias sin tramitar. Además, los socialistas exigen conocer con concreción el plan de choque «más allá del bombardeo de titulares».

En esta línea, aunque menos crítico, se mostró el edil Juan Alcántara, de Podemos, que en principio mostró su apoyo a las medidas que mejoren la situación del organismo autónomo o las condiciones laborales de su plantilla. En lo que puso el acento fue en la clasificación de las licencias que ha hecho el PP. Alcántara pidió conocer «más a fondo de qué tratan las prioridades del gobierno local en la calificación de estas licencias, en cuanto a ser consideradas estratégicas por su interés económico o de interés general», ya que lo considera «equiparable, pues todo interés económico debe ser de interés general para la ciudadanía cordobesa». Por último, desde Vox consideran que se aborda «con cierta ligereza» un asunto de vital importancia. Su portavoz, Paula Badanelli, echa de menos la auditoría que el PP prometió en campaña electoral y anuncia que Vox pedirá en el primer consejo de la GMU que se elabore una para tomar medidas concretas con conocimiento de causa. «Lo demás es un brindis al sol», dijo.