La Oficina Municipal de la Vivienda, que lleva meses funcionando sin que exista una persona encargada de la dirección, logró evitar 287 desahucios en los primeros siete primeros meses del 2019, según figura en el balance presentado por Asuntos Sociales, que señala que solo 35 casos fueron aplazamientos de desalojos en fase judicial frente a las 95 mediaciones con las entidades bancarias que han permitido firmar alquileres sociales u otras vías alternativas. La información facilitada muestra además que en este periodo se han gestionado 46 ayudas para el pago del alquiler de vivienda y realizado 157 gestiones en el marco de los convenios que el Ayuntamiento mantiene con Cajasur y La Caixa para la gestión de 51 y 22 viviendas respectivamente, cedidas para uso por parte de familias en situación de exclusión.

De enero a julio, 157 personas acudieron a la oficina para demandar una vivienda pública de AVRA (Junta de Andalucía) y se adjudicaron 17 a otras tantas familias. La elaboración de informes exige una dedicación importante de los técnicos, que presentaron 28 ante los juzgados y 75 a otras instituciones como AVRA o el defensor del pueblo. En total, la oficina ha realizado 1.410 intervenciones en materia de vivienda.

La concejala de Asuntos Sociales, Eva Timoteo, explicó ayer que ya ha reclamado a Recursos Humanos que se articule algún mecanismo para cubrir el puesto de director de esta oficina, que quedó vacante ya en el mandato anterior cuando la persona que ocupaba el puesto pidió traslado a otro departamento. Una convocatoria interna para ocupar la plaza quedó desierta y sigue sin cubrir. Timoteo ha destacado la importante labor que realiza este órgano «en tiempos de crisis» y ha asegurado que su intención es «reforzarla y dotarla de más personal si es necesario».