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AYUNTAMIENTO

El nuevo contrato de ayuda a domicilio será por dos años prorrogables y por 36,6 millones de euros

El gobierno local envía el expediente a contratación para su posterior licitación y descarta la municipalización del servicio

 

Una trabajadora de ayuda a domicilio asiste a una señora. - Foto: FERRAN NADEU

Isabel Leña Isabel Leña
09/10/2019

El nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio tendrá una vigencia de dos años prorrogables por otros dos más y un coste de 36,6 millones de euros, de los que 2,2 millones aportará el Ayuntamiento y el resto la Junta. La responsable municipal de Servicios Sociales, Eva Timoteo, asegura que el expediente ya se ha enviado a contratación, por lo que a partir de ahora empieza la fase de los informes necesarios previos a la licitación. Una vez que estén esos informes, el contrato saldrá a concurso. Las estimaciones de Timoteo son que la licitación se produzca en un plazo de tres meses. El precio por hora será de 14 euros, de los que la Junta aportará 13 y el Ayuntamiento, uno.

Con este contrato el gobierno local da carpetazo a la idea de municipalizar la ayuda a domicilio. En el anterior mandato se creó una comisión cuya conclusión fue la de crear una sociedad mercantil para prestar ese servicio, que supondría un ahorro de 2,5 millones. El problema estaba en la disparidad de criterios en relación al personal que ya presta el servicio. Sin embargo, aquello se quedó en una propuesta que no pasó por el Pleno antes de las municipales. En este sentido, Timoteo ha aludido a los informes presentados por los técnicos municipales en el anterior mandato que "tachaban de inabarcable e insostenible la posibilidad de asumir la contratación de cerca de 1.000 personas que prestan el servicio, ni la gestión de esa cantidad de puestos de trabajo". Por ello, y según señala, el gobierno local opta por "dar estabilidad al servicio" con un contrato por dos años en vez de crear esa entidad.

Timoteo ha explicado que con esta licitación se da "estabilidad y tranquilidad" a la ayuda a domicilio y se "saca del debate del juego político la prestación del servicio y los puestos de trabajo de los auxiliares que lo prestan". La concejala señala que en el nuevo pliego se busca "favorecer la estabilidad del empleo del personal contratado y potenciamos los contratos indefinidos y a las empresas que eviten la temporalidad". Según indica, la idea es que "las auxiliares que prestan el servicio tengan una expectativa cierta de continuidad en los puestos de trabajo".

CRITERIOS SOCIALES

La información transmitida por la concejala es que el pliego introduce criterios sociales, ya que potencia "la estabilidad y contratos indefinidos" y en él se especifica que "no podrá haber un porcentaje de personas trabajadoras con carácter temporal superior al 20%". Además, y según ha explicado, hay una cláusula que indica que "cuando haya que completar horarios se hará con plantilla de personal ya existente para mejorar las retribuciones de las ya empleadas".

En cambio, añade, "para el resto de contrataciones necesarias, al menos un 10% de las mismas se reservarán a personas desempleadas de colectivos con dificultad de acceso al mercado laboral, como personas con discapacidad, mujeres que han sido víctimas de violencia de género, desempleadas por periodo superior a doce meses en los últimos 24 y personas que estén en riesgo de exclusión". El pliego valorará que "se incrementen las mejoras de retribución salarial del personal y los mejores planes de formación que se presenten", según indica la concejala.

El contrato se hará por lotes, distinguiendo la parte de atención básica con la de limpieza general de los domicilios.  El servicio de ayuda a domicilio atiende en Córdoba a más de 1.500 usuarios y es prestado por unos 1.000 trabajadores, a los que el gobierno local se compromete a dar continuidad a través de este nuevo contrato.

SUBROGACIÓN DEL PERSONAL

La concejal de Servicios Sociales asegura que el futuro contrato garantiza la subrogación de las trabajadoras que en la actualidad prestan el servicio de ayuda a domicilio. La continuidad de estas trabajadoras ha sido el gran caballo de batalla en el debate sobre la municipalización que ocupó gran parte del anterior mandato. El informe de viabilidad presentado en marzo en la última sesión de la comisión creada en el 2017 para elegir la fórmula más idónea para prestar el servicio, que fue la de constituir una sociedad mercantil con capital totalmente público, señalaba que esa opción posibilita asumir, mediante subrogación, la continuidad del personal.

El informe señalaba que la nueva sociedad del Ayuntamiento podría asumir los 932 empleos aplicando su convenio colectivo vigente. Sin embargo, la tesis de la Asesoría Jurídica era que "a la extinción de los contratos de servicios no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante".

Al final, la última comisión que hubo dio su respaldo a la creación de una sociedad mercantil local pero de una manera muy ajustada, por lo que todo quedaba en manos de lo que decidiera el Pleno. IU y Ganemos votaron a favor de esa fórmula, mientras que el PSOE, socio de IU entonces, se abstuvo y el PP la rechazó. Ciudadanos y UCOR no asistieron. La propuesta recibió el apoyo de CTA, UGT, CGT y del comité de empresa, mientras que CCOO y el Consejo del Movimiento Ciudadano se abstuvieron. En julio, tras el cambio del gobierno, ya hubo una protesta de trabajadoras exigiendo la municipalización.

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