La nueva renta mínima de inserción social de Andalucía, puesta en marcha por la Junta el pasado mes de enero, está llegando con cuentagotas a las familias solicitantes. Este nuevo derecho subjetivo, que consiste en una prestación económica asociada a un plan de inserción sociolaboral para las familias perceptoras, venía a paliar la situación de necesidad de casi 6.000 familias de la provincia (más de 15.000 personas), según informó en su día la secretaria general de Servicios Sociales, Purificación Gálvez, poniendo el acento en el apoyo a las familias monoparentales y a las víctimas de violencia de género.

Sin embargo, según distintos colectivos sociales y sindicales consultados, la tramitación está siendo «muy lenta», por lo que son todavía muy pocas las familias que ya se están beneficiando de esta ayuda, pese a la precariedad en la que viven muchas de ellas. Según el concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Juan Hidalgo, «se trata de una medida de la Junta de Andalucía que nos supone una carga extra de trabajo en un momento de graves dificultades de personal», pese a lo cual «estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad».

SOLICITUDES // Ni el Ayuntamiento ni la Consejería de Bienestar Social han detallado el volumen total de solicitudes recibidas y tramitadas hasta el momento. Según Hidalgo, «no todas las solicitudes pasan por el Ayuntamiento, ya que se pueden entregar en los registros de entrada la Junta de Andalucía». Lo que sí les consta son las resoluciones emitidas desde enero hasta la fecha, que son «alrededor de un centenar» de cordobeses en la capital.

Fuentes de la Consejería, que insisten en que «se trata de una iniciativa de calado cuya implantación correcta necesita tiempo», recuerdan que cada resolución requiere la elaboración de un plan de inclusión sociolaboral que emite el Servicio Andaluz de Empleo en colaboración con los Servicios Sociales Comunitarios, que dependen del Ayuntamiento. Respecto a las resoluciones dictadas, la Junta niega que tengan que ver con un déficit presupuestario. «La dotación económica es más que suficiente», señalan, «la medida está dotada con 198 millones ampliables en caso necesario». Las mismas fuentes admiten que «muchas de las solicitudes no se han admitido por distintas causas», entre las que destacan el hecho de que se incumplan determinados requisitos como que no haya transcurrido un plazo de 12 meses desde la concesión del antiguo ingreso mínimo de solidaridad, que la unidad familiar supere los ingresos establecidos o que el solicitante no sea demandante de empleo no ocupado. Asegura la Junta que la denegación de tales solicitudes «se ha notificado» a los afectados. En cuanto al retraso en los plazos de resolución, la Junta asegura que «cuando se trata de una tramitación de urgencia o emergencia sí se está cumpliendo», mientras que en las tramitaciones ordinarias no está siendo tan ágil como debiera «porque existe un porcentaje de solicitudes que no incluyen la documentación requerida o no están cumplimentadas correctamente». La nueva renta mínima de inserción social tiene una cuantía de entre 419.52 euros y 779.87 euros, en función de las circunstancias y los ingresos de los solicitantes, pero su finalidad es la inserción laboral del solicitante, por lo que se le exige que cumpla un itinerario de inserción sociolaboral personalizado.