La comisión provincial de coordinación contra la violencia de género, que aglutina a todas las partes implicadas en la lucha contra esta lacra, se reunió ayer por primera vez tras su creación el pasado mes de noviembre con la intención de verse «al menos tres veces al año», según informó el presidente de la Audiencia, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, que informó de la petición elevada a la Junta, confirmada después por el decano del Colegio de Abogados, José Luis Garrido, para que refuerce con un letrado de oficio más el Juzgado de Violencia de Género para asistencia a los detenidos/acusados (actualmente, hay uno encargado de la asistencia a las víctimas) con el fin de agilizar los procedimientos y evitar las esperas a las que a veces se somete a las mujeres porque el abogado que asiste a los presuntos maltratadores es el mismo que debe asistir en las causas genéricas del Juzgado de Guardia. Para ello, la Junta de Andalucía tendría que dotar de un letrado más, lo que supondría elevar el presupuesto actual, por lo que, según Garrido, «aunque la comisión lo solicite, la última palabra la tiene la Junta».

Otro de los asuntos que se abordaron fue la queja sobre los fallos constantes en el funcionamiento del sistema cometa, que se emplea en las órdenes de alejamiento, que salta indebidamente cuando se fija para órdenes de menos de 500 metros. Asimismo, se acordó informar a todos los letrados de violencia de género para que garanticen que las víctimas acuden a las pruebas forenses con toda la documentación médica necesaria con el fin de agilizar los trámites.

Al hilo de la reunión, Sánchez Zamorano, a la pregunta de si la ley de violencia de género ha fracasado, contestó que «esta lacra no se arregla solo con derecho penal» e insistió en la importancia de actuar de forma transversal y mejorar la prevención desde la educación. En la misma línea se manifestó el decano de los abogados, que coincidió en que «un problema social como este no se arregla con el Código Penal, igual que no se arreglan los accidentes de tráfico ni otras cuestiones». Asimismo, recordó que la ley integral «incluye medidas de actuación de educación», que en su opinión son la clave para atajar el machismo y la violencia de género.