El Colegio de Notarios de Andalucía Occidental, a través de su delegado en Córdoba, Fernando Garí, desautorizó ayer al archivero de los fedatarios cordobeses, Manuel Rodríguez-Poyo, al desmentir que el archivo notarial (que contiene todos los documentos notariales de entre 25 y 100 años de antigüedad) corra peligro de ser trasladado a Sevilla, tal y como denunció el archivero el martes, después de que hubiese expirado el contrato de arrendamiento de una nave en la Torrecilla que el Ayuntamiento ha pagado desde 2012 a este colectivo. «Este asunto es una cuestión personal del archivero. El colegio plantearía mil soluciones antes de llevar el archivo a Sevilla, de hecho, nunca se lo ha planteado porque no queremos perjudicar a la población de Córdoba. Los notarios de Córdoba no estarían dispuestos a que sus archivos se fueran a Sevilla», afirmó ayer Garí a este medio.

El también notario Rafael Díaz-Bieito tachó de «polémica desafortunada» la actuación del archivero, «fruto de un planteamiento equivocado», y recordó que el Ayuntamiento de Córdoba «debe procurar» un espacio para guardar los archivos notariales, «pero quien desempeña la labor de archivero (un cargo remunerado por el colegio y que Rodríguez Poyo ejercía desde 2003) es quien debe financiarlo».

EL CONTRATO DE 2012 // Aclarado este asunto del posible traslado a la capital hispalense, que queda descartado y desmentido, se produjo ayer un segundo asunto de cariz político que salpica al PP, a raíz del contrato de alquiler de la nave de la Torrecilla que ha hecho las veces de archivo y que pagaba hasta el verano, a razón de 1.000 euros mensuales, el Ayuntamiento.

Según explicó ayer el teniente alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, y ha podido saber este periódico por la documentación recabada, esa nave habría sido alquilada por adjudicación directa, pese al reparo de la Intervención municipal, en 2012 cuando gobernaba el PP y gracias «a un escrito de (Miguel Ángel) Torrico», entonces responsable de Presidencia, que recomendó que expresamente fuese ese lugar por su idoneidad. El contrato se firmó por un periodo de cinco años. «No voy a repasar lo que se hizo en el pasado, pero ha habido coincidencias extrañas», advirtió Aumente. Se da el caso, además, de que la nave en cuestión era del por entonces socio del archivero, que fue quien se benefició de una operación para la que no se barajó ninguna otra oferta.

El diputado del PP Miguel Ángel Torrico, por su parte, defendió ayer la legalidad del arrendamiento, --«es absolutamente irreprochable», dijo--, e insistió en que fue informado por los técnicos correspondientes. Afirmó que lo único que hizo el PP fue «dar continuidad a lo que se hacía», porque es «obligación del Ayuntamiento», y considera que la polémica es «una cortina de humo» del gobierno local para tapar «su incapacidad de resolver este asunto».

EL AYUNTAMIENTO NO PAGARÁ // Por otro lado, Aumente afirmó que el Ayuntamiento no volverá a pagar alquiler alguno para guardar el archivo notarial e informó de que ha pedido a Rodríguez-Poyo que retire otros documentos que tiene depositados, «en un estado lastimoso», en una nave de Mercacórdoba, también cedida gratuitamente. Esos documentos provendrían de un despacho de un notario que cerró, pero no son parte del archivo notarial. No obstante, Aumente insistió en que pese a la «deslealtad» del archivero al denunciar este asunto pese a que el Ayuntamiento estaba buscando una solución, «era y sigue siendo» su voluntad encontrar un local de propiedad municipal para albergar el archivo. Eso sí, sin que el Ayuntamiento tenga que pagar. Entre otras cosas, recordó, porque fue la propia Intervención la que alertó de la ilegalidad de seguir haciéndolo.