El incendio de Recicor XXI ha sacado a la luz el cuestionable control por parte de las administraciones de los vertederos, incluso cuando estos son legales. Se estima que en España se siguen enterrando más de la mitad de los desechos que generamos y que en un 70% de ellos sigue habiendo materias primas que podrían reutilizarse.

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La monnezza è ricchezza, la inmundicia es riqueza. La frase aparece recogida en el libro de Roberto Saviano Gomorra en el que se analiza el negocio que sustenta a la Camorra napolitana, y que, a través de múltiples facetas, no es otro que el negocio de la basura. En España la proliferación de vertederos, muchos de ellos incontrolados, ha provocado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos haya sancionado ya hasta en dos ocasiones: la primera vez, en febrero del 2016, cuando señaló a 27 vertederos que o bien seguían en activo o bien no fueron sellados tras su cierre; y la segunda vez, en marzo de este mismo año, llamando la atención de otros 61 vertederos, el 80% de los cuales se encuentran en las Canarias y Castilla y León.

Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia determinó en el 2015 que en España operaba un auténtico cártel de la basura, en manos de las más poderosas constructoras españolas, que fijaban precios y se repartían el mercado. A esto hay que sumar los miles de millones de toneladas que se mueven y viajan de una comunidad a otra y de unos países a otros (Mallorca, por ejemplo, se ha especializado en quemar residuos de Europa).

Mientras esto ocurre, Bruselas trata de estrechar el cerco sobre lo que reciclamos. En el 2025 la UE obligará a todos sus países miembros, en virtud de las directivas de economía circular, a reciclar el 60% de sus residuos. La media en España, aunque varía según las fuentes, apenas llega al 33%; la capital cordobesa, por contra, ya ha llegado al 50% en el reciclaje de residuos domésticos.

En Córdoba, la prueba del crecimiento de las plantas de reciclaje ha sido la caída brutal de los residuos industriales que llegan al complejo medioambiental de Sadeco. «Estos residuos han caído un 50% desde el 2008 hasta la actualidad y no como consecuencia de la crisis, sino porque han abierto más vertederos y cobran más barato que nosotros», explica Javier Quijada, gerente de la empresa municipal.

UN EJEMPLO CERCANO

EL INCENDIO EN EL VERTEDERO DE RECICOR El incendio de la planta de reciclaje de Córdoba, Recicor XXI, está dejando entrever el cuestionable control que tienen las administraciones en este tipo de vertederos, aun siendo legales y contando con permisos y autorizaciones específicas. Al margen de lo que ha entrado ya en el terreno de la aritmética política --administraciones y partidos que se exculpan para apuntar al otro, todo un clásico de estas lides--, el incendio, del que por cierto se desconoce aún qué emitió a la atmósfera aquellos días y qué respiramos los cordobeses, ha puesto de relieve que el vertedero carecía, por ejemplo, de sistemas adecuados de autoprotección contra incendios (al parecer se entregaron al Ayuntamiento cuando el incendio llevaba activo ya unas horas). Tampoco se sabe qué tipo de residuos son los que ardieron o si la balsa donde se apilan está perfectamente sellada. Además, están pendientes de determinarse las causas que provocaron el fuego (tampoco se sabe cuándo se activó), algo que se espera esclarezca el Seprona en su investigación.

«Los vertederos, cuyo sellado es científicamente imposible, van a tratar siempre de reducir costes, por ejemplo reduciendo las medidas de seguridad», advierte Juan Escribano, de Ecologistas en Acción. Y va más allá, «¿quién puede garantizarnos que en los 300 o 400 años que permanecerán ahí esos residuos seguirán estando controlados?» Sin ir más lejos, reflexiona, la Carrera del Caballo de Córdoba fue durante años el vertedero incontrolado de Córdoba. «Se selló, pero ¿quién puede decir que todo sigue en orden?».

EL CÁRTEL DE LA BASURA

CIFRAS DE UN NEGOCIO QUE HUELE MAL En España, los 142 vertederos legales que operan en el negocio de la basura ganaron el pasado año, según Ecologistas en Acción, 12.500 millones de euros por la gestión de las 24 millones de toneladas resultantes de los 535 kilos por año que genera de media cada español. En el 2015, como hemos señalado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia probó la existencia de un cártel de la basura en España, que integra entre sus principales socios a los grupos empresariales de ACS, Fomento de Construcciones y Contratas, Sacyr y Ferrovial, es decir, algunas de las constructoras más potentes del país. La investigación de más de dos años y que se saldó con una multa conjunta de 98,2 millones de euros, determinó que estas multinacionales no solo pactaban precios, sino que se repartían los contratos millonarios de la gestión de basuras de muchos ayuntamientos.

LA GESTIÓN DE LA BASURA

CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS En líneas generales, el tratamiento de los residuos, que pueden ser domésticos o industriales, puede hacerse a través de la valorización (valorización energética o reciclaje, fundamentalmente) o por eliminación en vertederos o incineradoras. El principio que rige el sistema integrado de gestión (SIG) en España es el de «quien contamina paga». Así, el productor que fabrica botellas pone dinero en el SIG en función del número de envases que lanza al mercado. Este dinero es el que permite el funcionamiento de Ecoembes y Ecovidrio, sociedades sin ánimo de lucro que controlan a los productores y que impulsan el círculo del reciclaje en España. Son, para entendernos, quienes pagan a Sadeco, la empresa municipal de limpieza de Córdoba, por recoger nuestros residuos y tratarlos (separar por ejemplo el plástico del cartón o del aluminio y todo esto de la materia orgánica, que se dedica a compost). Después Sadeco lleva las mercancías reutilizables a las instalaciones de tratamiento (de ahí, a su vez, irán a las empresas recicladoras), que pagan a Ecoembes por esos materiales, que finalmente vuelven a manos de los productores. El sistema se alimenta de dos ingresos: el de los productores y el de la venta de material recuperado.

Los precios que Ecoembes paga a Sadeco por separar cada uno de los productos que llegan en totum revolutum a los contenedores están regulados por un convenio. Así, por cada tonelada de aluminio paga 350 euros; 824 euros, por la tonelada de polietileno de alta densidad; 815, por el PET; 653, por el tetrabrick, o 900 euros, por el aluminio. La recogida y el tratamiento de todos estos materiales supuso a Sadeco una ganancia de más de 5 millones de euros en el 2016. Ecoembes, que debe garantizar que se recupere el máximo de materias primas, vuelve a pagar a las empresas recicladoras para que hagan su trabajo y completen el ciclo.

LO QUE NO SE RECICLA

‘CARNE DE VERTEDERO’, MOTOR PARA LA INCINERACIÓN El problema surge porque hay materiales por cuyo reciclaje no se obtiene dinero. Por ejemplo, las bolsas de plástico --la Junta ha vuelto a quitarles el gravamen para su uso--, los tetrabricks o las bandejas de envases (prohibidas en muchos países europeos). Intentaremos explicarlo. Ecoembes paga por el reciclaje de una tonelada de aluminio 629 euros a la recicladora, pero si no existiera este sistema de reciclaje nacional se seguiría vendiendo en el mercado sin ningún problema, porque el aluminio tiene un valor en sí mismo. Sin embargo, hay materiales que para que se reciclen hay que pagar, porque no valen nada en el mercado.

La realidad es que la gran mayoría de ese material, por el que Ecoembes paga, se está mandando a vertederos privados en vez de reciclarse, ya que aunque para dejar esos desechos en el vertedero se paga por ejemplo entre 20 y 40 euros la tonelada de plástico mixto, sigue habiendo margen de beneficio, pues Ecoembes les había pagado por ellos unos 140 euros. Cuanto más barato salga colocar la basura más ganan quienes lo hacen.

Aquí, además, es donde aparece la variable de la incineración porque la bicoca de los recicladores es que las cementeras estén pagando entre 26 y 28 euros la tonelada por ese material con alto poder calorífico, que nadie quiere, para usarlo como combustible. El reciclador que tenía un problema, se encuentra ahora con que hay alguien que le paga por ello. Además estos precios no tienen ningún control público y se cambian a diario.

El caso de Cosmos plantea precisamente esta cuestión. El director de la fábrica, José de la Vega, ha afirmado en muchas ocasiones que valorizar residuos, utilizar combustible derivado de residuos (CDR), en lugar de coque de petróleo (que es lo que se usaba antes), para alimentar el horno de la factoría y producir cemento, es más económico, hace más competitiva a la empresa y, en su opinión, es mejor para el medio ambiente, pues «contamina menos». «Si dichos residuos no peligrosos no se transformaran en CDR, acabarían en un vertedero», dijo hace unos días.

Por contra, los ecologistas apuestan por reducir la generación de residuos desde el hogar. Ni vertederos, ni incineración, dicen. «El 15% de los vertederos legales de España, 63, han sido apercibidos por la UE y se calcula que hay miles ilegales», recuerda Escribano, para quien se está apostando por esta salida de la basura simplemente porque «es la más barata y la que más margen da de beneficio».