5.000 personas según la Policía Nacional y la Policía Local, unas 6.000 según los sindicatos. Esas son las cifras más o menos oficiales presentadas hasta ahora sobre el seguimiento de una multitudinaria manifestación contra el nuevo decreto de escolarización de la Junta que ha empezado con muchas prisas, con los responsables de las distintas fuerzas sindicales y los partidos presentes haciendo declaraciones a los medios para dejar clara su postura, la que vienen repitiendo desde que se hizo público el documento que ha reorganizado las áreas de influencia de Córdoba y garantizado que en cada una de ellas haya al menos un centro concertado que elegir.
Mientras la manifestación discurría por el centro de Córdoba, en los colegios e institutos públicos de la capital alcanzaban el final de la jornada con numerosas aulas vacías o semivacías. Según los sindicatos, entre el 60 y el 70% de los docentes habrían secundado la convocatoria de huelga en Córdoba y provincia, frente a más del 80% de los alumnos. La Junta ha rebajado hasta solo el 9,2% el porcentaje de participación de los docentes de la provincia mientras reduce en Andalucía el seguimiento medio al 8,3 % del profesorado de educación primaria y secundaria. Guerra de cifras para una convocatoria que enfrenta al sector público y a la administración.
La jornada de huelga ha sido convocada por la Plataforma en Defensa de la Educación Pública y los sindicatos de la enseñanza pública CSIF, CCOO, UGT, Ustea, ANPE, el Frente Estudiantil, y cuenta con el respaldo del PSOE y Adelante Andalucía. Representantes de todos ellos han comparecido antes del inicio de la marcha coincidiendo en el argumentando y han puesto el acento en el rechazo unánime a un decreto que "nace en teoría para dar más elección a los padres a la hora de elegir centro cuando eso ya es una realidad, ya que más del 96% de las familias obtuvo plaza el curso pasado en el centro elegido", recordó. Como se viene insistiendo en los últimos días, los sindicatos han criticado "un decreto no negociado con los docentes ni las familias, a las que no se ha tenido en cuenta para nada" y que "perjudica a la escuela pública donde se van a cerrar unidades y se van a perder puestos de trabajo".
En este contexto, las fuerzas sindicales han reclamado la retirada inmediata del decreto y que se abra un proceso de negociación con todos los colectivos implicados en la educación pública, desde los padres a los sindicatos y los docentes. "Se trata de un ataque frontal a la educación pública con efectos en las unidades escolares, dificultad de matriculación en centros públicos o pérdida de recursos y no podemos consentirlo". Todos han reiterado que no ha habido respaldo al decreto más allá del que ha ofrecido la educación concertada, "que va a ser la más beneficiada".
La pública, residual en algunas localidades
Según los datos aportados por los sindicatos, que exigen el freno y la derogación total del decreto, a día de hoy existen localidades donde la enseñanza concertada supera ya el 60 y 70% quedando un ridículo 30% para la pública en localidades como Baena, Granada o Linares. Consideran que se ha impuesto por el Gobierno del PP y Ciudadanos, "que ve la educación como un negocio y no un deber para con la sociedad". Se va a permitir con él "que en municipios como Pedro Abad se cierren líneas de la pública y se mantengan de la concertada, crear un gueto educativo en la zona de Poniente donde se les va a permitir en teoría a las familias de Palmeras o Miralbaida que matriculen a sus hijos en un centro concertado del Parque Cruz Conde pese a que mayoría no tienen opciones de movilidad para acudir a diario a un colegio que está a 5 kilómetros, lo que contradice la libre elección de centro que se quiere fomentar". En opinión de los manifestantes, la libre elección de centro pasa por mejorar los recursos disponibles y bajar la ratio.
El Frente de Estudiantes se ha unido al rechazo del decreto, "al igual que al resto de medidas desarrolladas por el PP y el PSOE en Andalucía en los últimos 40 años, que atacan a la educación de la clase obrera que es la que se va a perjudicar. "¿Cómo podemos estudiar en clases donde hay más de 30 alumnos o en clases que se están cayendo?", se han preguntado antes de denunciar que se considere la educación como "un negocio". Los estudiantes han llamado al alumnado, al profesorado y a las familias que luchen día a día para pedir una educación pública y de calidad al servicio de los trabajadores.
La cabeza de la manifestación contra el decreto de escolarización de la Junta, este miércoles en Córdoba. Foto: A.J. GONZÁLEZ
