Estaba de vacaciones y al regresar se ha encontrado con una carta en la que le informan de que ha sido multada con 601 euros por su participación en la protesta que se produjo el pasado 26 de abril en Córdoba con motivo de la sentencia de La Manada, una concentración que coincidió con una visita al Colegio de Abogados del entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, a quien increparon por el contenido del fallo judicial. La mujer, que tiene 70 años, prefiere mantenerse en el anonimato. Es la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, a la que pertenece desde hace unos 18 años, la que ha mostrado su «absoluto rechazo» a la multa impuesta y anuncia que presentarán las alegaciones oportunas una vez se disponga de toda la información. Para ello, piden la colaboración ciudadana con la idea de que todo el que estuviera presente y conozca los hechos aporte su versión.

En la denuncia interpuesta por un agente de la Policía Nacional que la tarde de aquel 26 de abril controlaba a las personas que protestaban en las inmediaciones del Colegio de Abogados, en la calle Morería, consta que la mujer portaba un megáfono y que con sus consignas incitaba a los presentes a levantarse contra la actuación policial. Desde su entorno se asegura que ella no hizo nada distinto a los demás participantes, hombres y mujeres, que coreaban frases como «que se vayan, que no somos criminales», en referencia al cordón de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que les impedía el paso hasta la puerta del Colegio de Abogados, donde estaba el ministro. Ese día, Catalá tuvo que ser escoltado a su salida del edificio.

«No van a conseguir que nos callemos. Si nos tocan a una, nos tocan a todas», señalan desde la plataforma. El escrito de la Subdelegación recoge que si la multa se paga en 15 días se quedaría en 350 euros, aunque, desde el entorno de la denunciada, no van a abonar cantidad alguna porque entienden que la mujer no hizo nada para ser sancionada.