Un hombre fue condenador ayer por amenazar gravemente a una trabajadora social que lo atendía en el Centro de Servicios Sociales Arrabal del Sur, en el Sector Sur, según ha informado la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA). La condena ha sido 180 días de multa a cinco euros diarios, el alejamiento de esta trabajadora al menos de 200 metros y el pago de las costas del juicio.
Es la cuarta trabajadora que denuncia por agresiones graves y amenazas en dicho centro. En los tres juicios celebrados hasta la fecha en todos se ha conseguido sentencia condenatoria
CTA destaca en su nota que "son las propias trabajadoras sociales las que han tenido que denunciar directamente y ser asistidas por el abogado de CTA", ya que el Ayuntamiento "no ha puesto ningún medio jurídico para la defensa de sus funcionarios agredidos, tan sólo en unos de los casos se personó como acusación". En esta última ocasión el director general de Servicios Sociales ha interpuesto una denuncia por desórdenes públicos en un edificio municipal.
También asegura este sindicato que "desde Recursos Humanos del Ayuntamiento no se ha adoptado ninguna medida conocida ni siquiera, que sepamos, se ha interesado por las trabajadoras agredidas. Y políticamente nadie se ha pronunciado, salvo Rafael del Castillo, cuando estaba al frente de la Delegación de Servicios Sociales".
Las trabajadoras sociales, según CTA, "son profesionales con vocación", que desde sus conocimientos intentan ayudar a los sectores de población más necesitados, en temas de exclusión social, con medidas coyunturales, de emergencia y en algunos casos con medidas de carácter estructural, ayudan a las personas y a las familias. Pero añade que "los medios de los que disponen por parte de las administraciones, en concreto del Ayuntamiento son muy limitados, por lo tanto, ellas no pueden resolverlo todo, pero si son la cara visible ante los usuarios de la aceptación o denegación de esas ayudas que ofrece la administración. Hay que dejar un mensaje claro, las trabajadoras sociales no van a conceder recursos porque existan de por medio amenazas o agresiones".
CTA exige al Ayuntamiento que tenga un protocolo de actuación y que "ofrezca seguridad a sus trabajadores, no puede ser que las trabajadoras sociales vayan con miedo a su trabajo y además de ello, ese miedo las acompañen fuera de las dependencias de su trabajo". Por lo tanto, esta central exige "protección policial al menos en el centro". Añade que "la propia alcaldesa y el propio primer teniente de alcalde llevan escoltas, es decir, tienen protección policial de forma permanente, sin embargo, estas trabajadoras que están actuando sobre el terreno en un medio muy hostil no tienen protección policial".
Las medidas que se pueden tomar son muchas, según la nota de CTA, que nombra la instalación de cámaras, los botones antipánico, la presencia policial, y "sobre todo una labor educativa" que mande el mensaje a la población usuaria agresiva "de que no va a ver ningún tipo de tolerancia contra las agresiones a las trabajadoras". También reclama que actúe ante los juzgados como Ayuntamiento y se persone como acusación particular en las causas que se den, "por supuesto mostrando el apoyo a la denuncias por la parte política y animando a las trabajadoras a denunciar, porque en muchos casos no lo hacen por miedo".
CTA advierte que la cuestión "no es ninguna broma, ni es un tema de instrumentalización política, es un tema de seguridad muy grave" y piden a la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, "soluciones urgentes, una vez oídas las propias trabajadoras, las organizaciones sindicales y la dirección de Servicios Sociales". De lo contrario, este sindicato señala que "tendremos que tomar medidas de movilización, para concienciar a la sociedad de que las trabajadoras de los Servicios Sociales ni las de la Ayuda a Domicilio van a permitir ser agredidas".
