La junta de gobierno local del Ayuntamiento acordó ayer abrir un expediente a la empresa encargada del reparto de comida a domicilio (Eurest Colectividades) a personas mayores y dependientes, a la que propone multar con 52.297 euros al considerar que ha incumplido el contrato formalizado el 30 de marzo del 2017. Tanto la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, como el de Presidencia, Emilio Aumente, explicaron ayer tras la junta de gobierno que la sanción responde a que la empresa no ejecutó el «centro de producción de comida» que debía tener en la capital. El pliego de condiciones establecía una cláusula que indicaba que la adjudicataria debía tener «una unidad de logística para la elaboración de comidas» o comprometerse a ejecutarla en un año, que se ha sobrepasado sin que exista. El Ayuntamiento presta el servicio a 300 personas.

Por otro lado, Aucorsa ha recibido un fuerte tirón de orejas de Intervención a raíz de una ayuda de un millón de euros otorgada por la Agencia Andaluza de la Energía (AAE) para la compra de los 20 autobuses de gas, ya que esa adquisición se sufragaba con 5,6 millones de los fondos financieramente sostenibles (IFS). La junta de gobierno autorizó ayer modificar el acuerdo del 2017 sobre los IFS para detraer el millón de euros de la ayuda y dedicarlo a amortizar deuda.

Intervención censura en el informe el «irregular proceder» de Aucorsa por financiar con los IFS la compra y, al mismo tiempo, pedir y lograr un millón más de la AAE, produciéndose una «sobrefinanciación». Es más, reprocha a Aucorsa que no comunicara la obtención de la ayuda al Ayuntamiento y que tampoco dijera a la AAE que tenía financiación. Intervención dice que «el cúmulo de irregularidades» (que percibe cuando ve las facturas de los 20 autobuses) «es de tal calado» que remitirá el expediente a la Asesoría Jurídica para que «emita informe asesorando a este órgano de control acerca de la apreciación de un posible ilícito en cualquier orden jurisdiccional, al objeto de que, en caso de ser procedente, de estas actuaciones se de traslado a la jurisdicción competente». Esto significa que, en base al informe, si la Asesoría confirmase ese «ilícito», Intervención tendría que llevarlo al Tribunal de Cuentas o al juzgado.