El movimiento ciudadano urge a dar servicios a más parcelaciones y no solo a las incluidas en la última modificación de la LOUA aprobada hace casi un año por el Parlamento andaluz. El Pleno del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) aprobó ayer el manifiesto que dirigirá a la Junta para reclamar una «rápida» negociación con el Consejo de Gobierno, con la Consejería de Fomento y con los grupos parlamentarios andaluces con el fin de lograr resultados este mismo año. Ese mismo documento llegará antes a la plataforma andaluza CALU, que preside el cordobés Francisco León, con la que el CMC va a trabajar.

El Pleno considera «urgente» una nueva legislación, «distinta a la que regula la ordenación del suelo», que permita «el derecho a los servicios» de agua, luz y saneamiento «al margen de la realidad urbanística de la vivienda», según explicó el presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia. En caso de que eso no sea posible, la demanda del CMC es que haya un capítulo específico para el suelo que ya está ocupado por viviendas, al que debe «exigirse un nivel diferente de estándares urbanísticos». El CMC siempre ha defendido que los servicios son un derecho humano que ha de ser independiente a la clasificación del suelo.

Entre las demandas que el CMC dirigirá a la Junta está la de ampliar las vías existentes para acceder al adelanto de servicios mientras se desarrolla el planeamiento. Además, reclama que se reestructuren las fórmulas de acceso a la dotación de servicios que pueden utilizarse con el fin de facilitar el procedimiento y abaratarlo. Otra de sus demandas es introducir soluciones específicas para las viviendas que están sometidas a legislaciones sectoriales de protección (como es el caso de las situadas en las urbanizaciones del entorno protegido de Medina Azahara). Por último, pide la revisión de la normativa de las entidades de conservación.El CMC recuerda que la LOUA ha sido modificada ya tres veces, la última el año pasado, «para intentar mejorar el acceso a los citados servicios sin que lo haya logrado salvo en un número limitado de viviendas». A su juicio, la LOUA «ha servido para parar el crecimiento urbanístico desordenado pero no para permitir el acceso a servicios».