Hay asuntos de la vida pública en los que se mezcla la política, el dinero, los intereses y el afán de notoriedad de unos y otros dando lugar a complejos entramados en los que todo indica que nada es lo que parece porque nadie dice toda la verdad.

Una de esas tramas digna de telenovela de supuestas corruptelas, cargada de intriga política es la que se viene contando por entregas desde hace más de un año y que tiene como protagonistas a dos miembros de una familia, Ángeles Muñoz y su hijo Cristian Menacho. Todo empezó cuando el periódico Abc puso sobre la mesa la denuncia de dos trabajadores de una entidad afín al PSOE, la Fundación Guadalquivir, que aseguraban que se les obligaba a devolver parte de su sueldo en concepto de donativo. ¿Cómo se hacía esto? Al parecer, los desempleados firmaban un contrato de ocho horas, pero se les obligaba a trabajar solo 6 a cambio de reintegrar a la fundación el dinero de las 2 horas restantes. Los supuestos donativos voluntarios oscilarían entre 200 y 500 euros. Nacía así el caso de las mordidas.

Desde entonces, las mordidas de la Fundación Guadalquivir Futuro, cuyas sospechas se ampliaron a otras dos entidades satélite, Jóvenes para el Futuro y la Asociación de Vecinos Nuevo Guadalquivir, han derramado ríos de tinta y activado mecanismos administrativos y judiciales. Con la denuncia de algunos mordidos, la Inspección de Trabajo inició una investigación que corrió paralela al expediente de información reservada activado por el Servicio Andaluz de Empleo para averiguar cómo se habían gestionado tales ayudas.

El resultado fue que el SAE, a propuesta de la Inspección de Trabajo, ordenó imponer una sanción de 20.000 euros a Guadalquivir Futuro, otra de 20.000 euros a Jóvenes para el Futuro y una más de 6.251 euros a Nuevo Guadalquivir. Las tres entidades, que podían seguir recibiendo subvenciones de entidades distintas a la Consejería de Empleo, tendrían que devolver todas las subvenciones obtenidas indebidamente: 103.797 euros, 92.985 euros y 108.123 euros, respectivamente.

La denuncia

En diciembre del 2016, Podemos anunciaba que había presentado una denuncia por un delito «contra el derecho de los trabajadores», señalando «un posible desvío de fondos públicos» y «una posible financiación ilegal del PSOE». La trama política entraba de lleno en el juego. Podemos se situaba ante la opinión pública como el azote de la ley frente al PSOE, respaldado un paso más atrás por IU y con el apoyo implícito del PP, beneficiado indirecto de los azotes a su mayor adversario político. «Tenemos información y pruebas suficientemente relevantes como para pedir la imputación de altos cargos del PSOE de Córdoba en el caso», decían desde Podemos.

Al PSOE cordobés, convertido automáticamente en sospechoso, no le quedaba otra que intentar encajar los golpes que fueran cayendo mientras en sede judicial se instruía el caso con obstáculos como el virus informático que borró, según el asesor fiscal de la Fundación Guadalquivir, las cuentas de la entidad.

La sobrina

El aviso de Podemos se materializaba hace unas semanas con la declaración de una sobrina de Ángeles Muñoz como testigo aportado por Podemos. En la declaración, a la que ha tenido acceso este periódico, la joven describe cómo su tía hacía alarde de su poderío económico con «rulos de billetes», regalos ostentosos y viajes que hacían sospechar a la familia sobre el origen del dinero que ganaban ella y su hijo Cristian. Describe a su tía como una mujer dominante y autoritaria que alardeaba de estar bien protegida para sus supuestos usos frauduletos por altos cargos del PSOE, «el Juan Pablo (Durán) y la Rosa (Aguilar)». Según su testimonio, la relación con su tía no sería la mejor de las relaciones ya que acudía a declarar «por desesperación», después de recibir una paliza y tras «muchos años callada». Ese testimonio, no respaldado de momento por ningún otro, e inmerso aún en un proceso judicial, ha llevado al PP (que ha extendido las sospechas también a la Diputación), a Podemos e IU a exigir nuevamente al PSOE responsabilidades políticas. El PSOE, en respuesta a las acusaciones, asegura que «de manera deliberada se está usando la justicia para hacer política, señalando sin pruebas ni datos a Juan Pablo Durán y Rosa Aguilar, dos personas que nada tienen que ver ni con el proceso judicial abierto ni con la citada entidad, orquestando contra ellos una campaña de mentiras e infundios». Recuerdan que el caso está en fase de instrucción judicial y que, «a pesar de las continuas referencias de vinculación que se hacen con esta organización, Ángeles Muñoz y Cristian Menacho no militan en el PSOE ni en Juventudes Socialistas (se suspendió su militancia al conocer las denuncias). Señala, además, que las ayudas investigadas «se concedieron por el mismo procedimiento de concurrencia competitiva que se otorga en todas las administraciones» y recuerda que» se ha dado cuenta de todas las actuaciones, con explicaciones exhaustivas ante el Parlamento de Andalucía, donde se ha facilitado la información solicitada sobre el proceso».

Hasta ahora, la actuación ha dado lugar a dos expedientes de reintegro de las cantidades recibidas que, según el PSOE, el juzgado ha ordenado paralizar mientras se resuelve la vía penal, y una multa firme de 20.000 euros. De momento, ni siquiera se ha producido el reintegro de las subvenciones porque la fundación está en periodo de alegaciones.

Llegados a este punto, ¿a quién creer? Solo cabe esperar que la instrucción sea lo más rápida posible y que, tenga el color que tenga, la verdad se ponga de una vez sobre la mesa.