La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha participado esta mañana en el Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que está teniendo lugar en el Palacio de la Merced, organizado por la asociación Acpacys, donde ha lamentado el efecto negativo que la parálisis política está teniendo en los colectivos con discapacidad.
En su opinión, «la falta de gobierno está impidiendo que salgan adelante cuestiones claves como la reforma de la Constitución para actualizar la denominación de estas personas» a las que se define aún como minusválidos «para incorporar la terminología que recoge la Convención de Derechos Humanos» o la necesidad de recoger en la Carta Magna los mecanismos de participación de estas personas, una modificación que se había remitido a las Cortes Generales y que no se ha podido llevar a cabo. También aludió a cómo la parálisis política derivada de la falta de Gobierno ha impedido «incrementos presupuestarios para atender a la Dependencia o todo lo que tiene que ver con la financiación de los entes territoriales en los presupuestos del 2019».
Según Carcedo, el gobierno en funciones aspira «a que se normalice el funcionamiento de las instituciones y continuar la tarea y los objetivos para poder responder a las necesidades de las personas con discapacidad».
El congreso contó además con la presencia de Rocío Ruiz, consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, que lanzó el guante a la ministra de Sanidad en funciones emplazándola a un gran Pacto por las Políticas Sociales; Manuela Muro, presidenta de Confederación Aspace; Rafael Chounavelle, presidenta de Acpacys, y Antonio Ruiz, presidente de la Diputación, entre otras autoridades.
Chounavelle aprovechó para reclamar «que se activen cuanto antes todas las cuestiones que están paradas como subvenciones, ayudas y conciertos para que las personas con parálisis cerebral accedan en condiciones de igualdad al empleo».
Más de 500 personas de toda España participaron en un congreso que, según Chouvavelle, persigue «dar la vuelta a la realidad» y «exigir que se cumplan las leyes para garantizar los derechos de estas personas».
