El Ayuntamiento tiene puestas sus esperanzas en la ordenanza que tramita -integrando dos propuestas, la del PSOE y la de IU- para reducir el tiempo de espera de las licencias y cuya meta es concederlas en un máximo de tres meses. El texto fue presentado en agosto pasado con la intención de tenerlo totalmente aprobado en febrero de este año. En estos momentos está a la espera del informe jurídico y las previsiones son que el Pleno lo apruebe de forma inicial en un mes.

Cinco colegios profesionales han denunciado (como ya lo habían hecho algunos de ellos antes, además de CECO y de Construcor) demoras de un año y de hasta año y medio en Córdoba en la concesión de licencias. Según la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), el tiempo de espera en otras ciudades -analiza solo ocho- oscila entre los 8 meses de Castellón y los 18 de Valencia. Un sondeo realizado por los arquitectos cordobeses el año pasado daba como resultado demoras de entre medio año y año y medio en otras ciudades andaluzas.

¿Por qué es tan importante esa ordenanza? La nueva norma, que incorpora la tramitación electrónica y una oficina virtual para hacer seguimiento de los permisos, establece las reglas del juego de una manera más clara para obtener licencias (ya sean de obra, ocupación, utilización, actividad o instalación) y para las declaraciones responsables y comunicaciones previas. Una de las novedades es que todas las obras menores solo necesitarán declaración responsable.

Para agilizar la concesión, la nueva norma fija un plazo máximo de tres meses para la resolución de la solicitud de la licencia, que empezará a contar en el momento en el que se registra. Si el proceso está sometido a calificación ambiental, dispondrá de otros tres meses más. Ese plazo se interrumpe con los periodos de subsanación de deficiencias, de información pública o de informes sectoriales. También se incorpora la concesión por silencio administrativo, a menos que contravenga la ordenación urbanística. El texto señala que desaparecen las licencias de apertura, que son sustituidas por la declaración responsable.

La declaración responsable y la comunicación previa empezarán a tener vigencia desde su presentación, lo que permitirá el inicio de la actuación de inmediato. Después, Urbanismo realizará visitas para comprobar la veracidad de la documentación y, entre ellas, priorizará las de bazares. Una denuncia o «delación -acusación- por cualquier medio» puede incitar a una inspección. La ordenanza fija sanciones pecuniarias que irán de 750 euros a un millón y multas no económicas, entre ellas, la inhabilitación por tres años para abrir un negocio.

Hasta ahí la teoría. Ahora falta la puesta en práctica. La nueva ordenanza no es la única fórmula que deberá utilizar Urbanismo, que también ha de tomar medidas en relación al personal, ya sea de dotación o de reorganización. Si se analiza presupuesto a presupuesto desde el del 2012 -que ofrece cifras del 2011-, se observa cómo en siete años la plantilla ha pasado de tener 155 trabajadores a 125, es decir, se ha reducido un 20%. El problema es que el 80% de la plantilla está formada por personal laboral, por lo que hay pocos funcionarios, que son los que deben firmar los expedientes. Desde el 2011, la cifra de funcionarios se ha reducido a la mitad, pasando de 50 a los 24 que aparecen reflejados en el cuadro de personal de los presupuestos del 2018.