Más de 32.000 familias se han dado ya de alta en Córdoba en el nuevo modelo de bono social eléctrico que entró en vigor el pasado 8 de octubre y que viene a regular qué consumidores son quienes pueden beneficiarse de una serie de descuentos en la factura de la luz en función de la renta y número de miembros de la unidad familiar. A cierre de diciembre del 2016, Endesa tenía en la provincia unos 34.000 clientes acogidos al antiguo bono social. Según los datos provisionales del mes de noviembre de este año, con el nuevo bono social aplicado, son unos 32.000, pero aún son provisionales.

El nuevo bono social, que viene a sustituir al antiguo modelo, distingue al consumidor vulnerable, al vulnerable severo y al consumidor en riesgo de exclusión social, y prevé un porcentaje de descuento distinto en cada caso. El bono social supone descuento del 25% de la factura de electricidad, que sube hasta el 40% para consumidores vulnerables severos, mientras los consumidores en riesgo de exclusión social tendrán la factura gratuita. Las familias que antes disfrutaban del bono social tienen que volver a solicitarlo porque el cambio no es automático, si bien durante 6 meses se mantendrán los beneficios del descuento tal cual. El descuento del bono social solo será aplicable a un consumo mensual básico que se asignará a cada tipo de hogar: el exceso sobre esa cifra se factura a un precio normal.

Una vez concedido, la eléctrica aplicará el descuento durante dos años, excepto en el caso de los consumidores vulnerables severos, que tienen que renovar mensualmente el bono social. Las familias numerosas deben acreditar el carné vigente. Las comercializadoras deben informar a los clientes de su derecho a acogerse al bono social y también de la posible pérdida de este derecho si contratan en el mercado libre.

Para poder acceder a los descuentos del bono social, el consumidor deberá tener contratada una de las modalidades de tarifa de luz de precio voluntario para el pequeño consumidor PVPC (comprobar factura). La tarifa contratada, siempre para suministro de vivienda habitual, no podrá ser superior a 10 KW y deberá formar parte de alguno de los grupos beneficiarios: familias numerosas, pensionistas con pensión mínima, consumidor vulnerable, severo o en riesgo de exclusión social (consulte gráfico). Los interesados que cumplan los requisitos deberán presentar su solicitud directamente a la empresa adjuntando un formulario y la documentación exigida según el caso (https://www.endesaclientes.com/bono-social.html).

Para que la comercializadora pueda proceder a la suspensión del suministro por impago deben cumplirse ciertas circunstancias: que haya una situación de impago de mínimo 20 días desde la emisión de la factura y comunicación fehaciente de la empresa, que se remita al órgano de la administración competente y que, transcurrido el plazo, la comercializadora comunique al consumidor, con una antelación de 15 días, la fecha en la que se le va a suspender el suministro. El día señalado no podrá ser un festivo o en día de suspensión del servicio de atención al cliente, ni tampoco la víspera.

Cabe señalar que el riesgo de exclusión social deberá ser determinado por los servicios sociales, que además deberán financiar al menos el 50% de la factura, asumiendo el resto las comercializadoras.