Más de 30 empresas, entre proveedores y subcontratas, están afectadas por la paralización de las obras de la Torre del Agua, un edificio de 38 viviendas promovido en régimen de cooperativa que lleva sin actividad desde hace casi un mes. Según las fuentes consultadas, estas empresas, que no solo son de Córdoba, han formado una plataforma para demandar el cobro de los trabajos ejecutados y no abonados y llevar a cabo las negociaciones necesarias. Estos interlocutores calculan que los impagos afectan de una forma u otra a unas 500 familias. Uno de los afectados por la paralización de las obras del bloque de pisos más alto de la ciudad relata que los problemas con la adjudicataria, Teginser, empezaron en marzo pero se agravaron en verano con la devolución masiva de pagarés. Además, asegura que las certificaciones de obra abonadas por los promotores a la constructora no han llegado a los proveedores, a los que calcula que se les adeuda más de un millón de euros. No obstante, las cantidades están por cuantificar, ya que se trabaja en determinar qué es lo que realmente se ha ejecutado y certificado, el dinero adeudado a estas empresas y lo que resta para finalizar la obra, de la que se calcula que queda un 15 o 20%.

Perjudicados por la paralización son también los propietarios de los 38 pisos, que siguen negociando y buscando soluciones junto con la gestora, Cooviur Desarrollos. El presidente de la sociedad cooperativa Torre del Agua, José Bernardo Cabrera, explica que existe un plan para poner fin a la paralización de la obra y confía en que esta se reanude entre septiembre y octubre, ya que «la situación es bastante favorable».

Aunque admite la sorpresa que les causó la paralización, deja claro que las 38 familias que optaron por adquirir un piso en régimen de cooperativa «somos promotores, nos hemos metido en un negocio cuyo resultado será un piso» y «en tres o cuatro años pueden pasar muchas cosas». A pesar de lo ocurrido, asegura que la «clave» está en la «reacción rápida que hemos tenido» para reanudar la obra, que es en lo que trabajan. Considera que los cooperativistas «somos tan víctimas como los proveedores» y reconoce que estos «están siendo comprensivos con la situación».

Según las fuentes consultadas, una de las medidas barajadas es que los cooperativistas paguen más dinero por las viviendas, entre 50.000 y 60.000 euros -el precio medio era de 400.000 euros y la más cara costaba 458.000-, para continuar con la obra. Sin embargo, Bernardo Cabrera afirma que no es seguro que vaya a ocurrir y que están «luchando para que eso no se produzca», aunque sí admite que habrá una demora en los plazos de ejecución de «dos o tres meses». En este sentido, advierte de que cuando esta promoción salió a la venta las condiciones del mercado eran distintas. Los cooperativistas se reunieron a final de julio para abordar las distintas soluciones y, según asevera, están «tranquilos» y «volcados» en superar «este obstáculo».

El responsable de Cooviur Desarrollos, Miguel Giménez, afirma que siguen trabajando en varias opciones. La constructora, por su parte, sigue sin dar su versión. Otra obra en la que trabajaba y que quedó parada es la de Metrovacesa en el Zoco.