La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Marina Álvarez, ha recordado este miércoles que fue el Gobierno de la Nación en 2012, ya bajo la Presidencia de Mariano Rajoy, el que quebró en España, vía Real Decreto (RD), la cobertura sanitaria universal como derecho, situación que no ha corregido, seis años después, a pesar de la "fuerte contestación social" a ésta y a otras medidas, que han tenido "un efecto regresivo en el disfrute del derecho a la salud".

Así lo ha señalado Álvarez, durante su intervención en la clausura de la primera sesión pública del Instituto de Estudios de la Salud, perteneciente a la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, en la que ha aludido al lema que ha elegido la Organización Mundial de la Salud (OMS) para conmemorar esta edición del Día Mundial de la Salud: 'Salud para todos', pues "este año la OMS quiere destacar la importancia de la cobertura sanitaria universal como derecho, y como único medio para poder alcanzar esta meta de salud para todos".

A este respecto, la consejera andaluza de Salud ha señalado que, "en España, esta garantía estaba fuera de toda duda desde que se creó el Sistema Nacional de Salud, en 1986, pero se quebró con la publicación del RD 16/2012, hasta el punto de dejar sin derecho a la atención sanitaria pública a más de 800.000 personas".

Además, según ha criticado, "esta situación se ha mantenido durante estos seis años, a pesar de la fuerte contestación social, científica y política, y de las recomendaciones en contra de todas las organizaciones internacionales, tanto sanitarias, como de derechos humanos, dentro y fuera de Europa".

A estas exclusiones de cobertura, según ha señalado Álvarez, "se ha sumado el crecimiento de las barreras de acceso a la atención sanitaria, derivadas del incremento en los copagos, el aumento de los precios de los medicamentos o la interpretación restrictiva de las normas".

MENOS AÚN PARA SANIDAD

Por otro lado, "a pesar de haber crecido por encima de la media de los países de la Unión Europea (UE) después de la crisis, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 mantienen el descenso de la inversión en sanidad, destinando solo el 5,8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), dos décimas menos que el año pasado, y muy lejos de la media de los países del entorno de la UE, que alcanza el 7,2 por ciento".

La situación actual, después de estos "años de políticas restrictivas, es de un riesgo muy elevado para la continuidad del modelo sanitario. De este modo, España se aleja de la cobertura universal y pone en grave riesgo la sostenibilidad del sistema, al contrario de lo que pudiera parecer".

Es más, según ha resaltado la consejera de Salud, "el Comité de Naciones Unidas encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales acaba de reclamar al Estado español que ponga fin a las medidas de austeridad que emprendió en 2012 e insiste en que el Real Decreto Ley 16/2012 ha tenido un efecto regresivo en el disfrute del derecho a la salud", y también "reclama al Gobierno de España que la población migrante en situación administrativa irregular tenga acceso a todos los servicios de salud necesarios, sin discriminación alguna".

PÚBLICA Y UNIVERSAL EN ANDALUCÍA

Por eso, para Marina Álvarez es importante que una institución como la Real Academia de Córdoba "se haya planteado este debate, desde el mismo núcleo de la sociedad que ha de respaldar las políticas públicas", ya que, "entre los elementos que realmente pueden ayudar a lograr el objetivo de salud para todos se encuentran: una sanidad pública y universal, que pivote en una Atención Primaria fuerte, orientada hacia la prevención, la promoción de la salud y la atención comunitaria, que implique a los gobiernos locales y a las organizaciones sociales y que, por supuesto, tenga especial dedicación a las personas más frágiles y vulnerables".

La consejera de Salud ha destacado que "en Andalucía se ha defendido este modelo y, por eso, se ha mantenido el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria a la población inmigrante sin documentación. Además, se ha incrementado el peso de la sanidad pública en los presupuestos autonómicos hasta suponer un tercio del total, con un incremento superior al 19 por ciento en los últimos tres años".

Andalucía, según ha subrayado Álvarez, "ha dado también prioridad al fortalecimiento de la Atención Primaria y la mejora en los tiempos de respuesta, atendiendo a las expectativas ciudadanas y a las recomendaciones profesionales", y "todo ello a pesar de los problemas de financiación que supone para Andalucía la aplicación interesada del modelo de financiación, que reduce en 1.000 millones de euros cada año los ingresos a la comunidad; a pesar de que Andalucía cumple rigurosamente el objetivo de déficit público asignado a las comunidades autónomas".