La consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, explicó ayer que el decreto trata de afrontar una situación de hecho y heredada, que, a pesar de haberse frenado, sigue constituyendo un problema. Cruz indicó que para darle salida a esas "viviendas ilegales en su ejecución y que no están dotadas de equipamientos ajustados a la normativa", la Junta ha redactado unas normativas que son "recomendaciones" para los ayuntamientos. "Las normativas directoras son la garantía de que esas casas reúnen los requisitos de habitabilidad básica", afirmó. No obstante, dijo que el Ayuntamiento de Córdoba puede optar por aplicarla o hacer la suya propia. I.M.
