Carlos Bravo es el secretario general de Políticas Públicas y Seguridad Social de CCOO y esta tarde ha ofrecido en el centro de recepción de visitantes de Córdoba una conferencia en la que ha analizado los retos a los que se enfrenta el actual sistema de pensiones para que sea sostenible de cara al futuro y cuáles son las principales reformas que deben acometerse en los próximos años para darle estabilidad.

-Si mañana se concretara el pacto de Gobierno entre PSOE y UP, ¿cuáles serían las 3 medidas urgentes a adoptar en materia de pensiones?

-Primero, resolver el problema de revalorización de pensiones del 2020. La reforma del 2013 sigue en vigor (aunque lleve dos años suspendida) y la subida de pensiones que se aplicará en enero, si no se toman medidas previas, será del 0,25%. El Gobierno en funciones anunció antes de las elecciones que la previsión de inflación del 2020 era del 0,9% y esa debería ser la subida inicial, además de garantizar la revalorización a final de año. También hay que modificar el artículo 51.3 del Estatuto de los Trabajadores, que ha permitido al Constitucional convalidar el despido de quienes faltan al trabajo aún teniendo una baja médica justificada, eso es una barbaridad y es urgente corregirlo. Otra cuestión tiene que ver con el decreto ley aprobado el viernes pasado para la previsión de un fondo de 3.500 millones para el pago de la nómina de septiembre, lo que dejará la reserva en unos 1.500-2.000 millones de euros para el año próximo. No podemos seguir esperando para tomar medidas y equilibrar la situación financiera de la Seguridad Social, hay que negociar ya en el seno del Pacto de Toledo.

-La hucha de las pensiones está casi vacía. ¿Cómo actuar en esta coyuntura?

-La Seguridad Social se financia con cotizaciones (más del 80%) y aportaciones presupuestarias. Se trata de mejorar los ingresos a la Seguridad Social y recuperar las aportaciones presupuestarias, en lugar de los préstamos del Tesoro, que hacen que aparezca como déficit del Estado. Esto es una ficción contable con intencionalidad política. El gobierno actual ha dicho que no comparte este criterio, que "ha heredado", pero eso tiene que corregirse. El déficit es déficit del Estado y se tiene que corregir abordando el sistema tributario, esos son préstamos a tipo cero, que no se devuelven y que se hacen del Tesoro a la Seguridad Social. Si ahora hace falta una aportación adicional para las pensiones, hay que hacerlo. Pero además de poner más dinero, hay que hacer otras cosas como combatir el fraude fiscal y hacer que todo el mundo pague conforme a sus ingresos.

-¿Se refiere a los autónomos?

-De 19’5 millones de cotizantes, más de 4,5 millones no cotizan por sus ingresos reales. En este momento hay 1,2 millones de personas que, por mucho que ganen, solo cotizan por la base máxima, que está en 48.000 euros anuales. La ley no prevé tributar por lo que exceda ese dinero. Hay que elevar la base máxima de cotización y prever una correspondencia en las pensiones. Además, hay más de un millón de autónomos que tributan por la base que ellos eligen y el 80% lo hace por el mínimo, cuando muchos ingresan bastante más. Ambas medidas tienen impacto ahora en ingresos a la Seguridad Social y en el futuro de las pensiones.

-¿Qué va a pasar con las pensiones de los mayores de 45 expulsados del mercado laboral?

-Ser expulsado del mercado de trabajo y no poder volver tiene un gran impacto en la pensión. El acuerdo aprobado en marzo recuperó el subsidio para mayores de 52 años. Cobran solo 400 euros, pero se les reconoce una cotización a la Seguridad Social del equivalente a 1.300 euros. Sin embargo, esta es una solución paliativa, la solución real sería mantener las tasas de actividad de mayores de 55 años de forma comparable al resto. Hay que acabar con la expulsión del mercado laboral de estas personas. Es una incoherencia facilitar el despido a cambio de desproteger a las personas en los años previos a la jubilación y recortar su pensión después.

-¿Qué pasará si no se acometen reformas en el sistema?

-Si no se hace nada, las pensiones empezarán a perder poder adquisitivo en los próximos años y las nuevas serán notablemente más bajas por efecto de la reforma del 2013.

-Usted plantea que el sistema necesita aportación de mano de obra de inmigrante, pero el mercado laboral requiere personas muy formadas. ¿Cómo hacer ambas cosas compatibles?

-La población europea y la española también está inmersa en un proceso de envejecimiento. Vivimos más años y las generaciones más numerosas, que son las que están ahora entre los 45 y los 55 años, entrarán en edad de jubilación en los próximos años. Ante esa tendencia de envejecimiento, la población solo se puede equilibrar mejorando las tasas de natalidad. Pero esto no es suficiente, se requiere aportación de población inmigrante que venga en busca de oportunidades a Europa para equilibrar la pirámide. Otra cuestión es cómo adecuar el mercado laboral y ahí hay que actuar en diferentes vías. Tenemos una tasa de actividad y empleo de menores de 30 y mayores de 50 años muy bajas, por eso es necesario generar empleo de calidad, no se puede mantener la dualidad de personas que tienen alta rotación, trabajos temporales, bajos salarios. Y además, tiene que haber inversión productiva, hay que mejorar la productividad de las empresas, desarrollar i+d+i y ofrecer empleo de más calidad. Eso demandará población inmigrante con cualificación, pero también el sector servicios que exige mano de obra de baja cualificación, compensará por esta vía. Hacen falta políticas de empleo para tener más empleo de más calidad y más estable.

-¿En el futuro, será necesario recurrir a la aportación privada para garantizar las pensiones?

-Los fondos de pensiones pueden existir, es un elemento positivo, pero esos sistemas no tienen capacidad para sustituir a la Seguridad Social ni ocupar un espacio que abarque a todo el mundo. El hecho de que que se contraten planes de pensiones por parte de aquellas personas o empresas donde se puedan acordar estos sistemas complementarios, no es malo, significa ahorro líquido y constituye una renta complementaria de cara al futuro. Pero eso no se va a poder universalizar en todos los estratos de la población porque hay muchas personas con un salario muy justo. Lo que hace falta es subir los salarios directos para mejorar los ingresos a la Seguridad Social y que quien pueda, ahorre o no, pero no sustituir las pensiones por aportaciones privadas.

-Cuando se habla de revalorizar las pensiones. ¿Hay que aplicar la subida a todas las pensiones por igual, independientemente del importe de su pensión?

-Bien, cuando hablamos de que la pensión es contributiva, significa que la pensión que cobramos tiene que ver con las aportaciones que hemos realizado a la Seguridad Social. La revalorización de las pensiones contributivas deben garantizar el poder adquisitivo, ese es un rasgo de la contributividad del sistema que tenemos que mantener para todas las pensiones. Otra cosa es el sistema de garantía de pensiones mínimas. Y es que hay personas a las que las pensión que les sale después de haber cotizado una serie de años es de 200, 300 o 400 euros porque ha habido lagunas de cotización, han trabajado mucho con contratos temporales, a tiempo parcial, han tributado muy poco… A esas personas en España, y somos uno de los pocos países en Europa que tienen esto, existe un sistema de pensiones mínimas que se sitúan hoy entre 600 a 900 euros, según la situación familiar de las personas. Esas pensiones mínimas son las que están subiendo a razón del 3% en los dos últimos años. ¿Se puede seguir actuando sobre esas pensiones mínimas para que suban más que el resto de las pensiones? Sí, con financiación presupuestaria. Y esto mismo se puede decir de las pensiones no contributivas que están en 370 euros.

La expulsión de los mayores de 50 años del mercado laboral está dejando a muchas personas sin posibilidad de cotizar los últimos años, con el consiguiente impacto en su pensión, ¿qué va a pasar con esa gente?

-Las personas que cotizan 15 años tienen derecho a pensión contributiva y por tanto las mínimas que operan son están entre 600 y 900. Pero es verdad que si alguien es expulsado del mercado de trabajo y no puede volver, se produce un impacto muy relevante en sus últimos años de su vida laboral y también en su pensión. El último acuerdo es recuperar el subsidio para mayores de 52 años. Es el subsidio que cobran las personas que están en paro y tienen carencia de renta por encima de 52 años. En este momento, se les da una cuantía muy modesta de 400 euros, pero se les reconoce una cotización a la Seguridad Social que paga la administración del equivalente a 1.300 euros. Esta medida se aprobó en marzo de este año y debería permitir que a esas personas que están fuera el impacto sea menor.

Pero esto es una solución paliativa, la solución real sería mantener las tasas de actividad de mayores de 55 años de forma comparable a las personas de menos, hay que acabar con la expulsión del mercado laboral de estas personas. Es una incoherencia que la regulación tienda a flexibilizar el despido, que, que desprotejamos después a las personas en los años previos y luego sufra el impacto en la Seguridad Social. Hay que favorecer la permanencia en el empleo y que haya una red de protección suficiente para los que salen y el momento de la jubilación cuente con una pensión sea razonable. Todo esto hay que financiarlo y se financia con empleo de más calidad, con una mejor distribución de la renta entre capital y salario, por tanto, con una mejora de los salarios que permita financiar mejor la Seguridad Social. Pero al mismo tiempo, con un empleo más estable y una aportación presupuestaria y con un mercado de trabajo que permita tratar de forma comparable a las distintas generaciones.

La clave para abordar estas reformas pasa por conseguir un Gobierno estable.

-Efectivamente, llevamos años desde diciembre del 2015 con gobiernos con escasa capacidad de actuación, esto es una condición imprescindible. Espero que después de las elecciones y pese a que la situación es más difícil todavía que antes del 28 de abril, que el acuerdo anunciado entre PSOE y Unidas Podemos pueda concitar apoyos de otras fuerzas políticas con mayoría suficiente para pilotar muchas medidas necesarias y, en materia de Seguridad Social, para alcanzar un acuerdo en el ámbito político y en el diálogo social que permita equilibrar los ingresos, elimine la situación de déficit en el menor plazo posible y abordemos reformas para garantizar un nivel de protección comparable a las generaciones futuras a las de hoy.

¿Y si esas reformas no se llevan a cabo? ¿Qué nos espera?

-Una situación en la que, si no se dan salidas, habrá que abordar decisiones en materia fiscal o incremento de cotizaciones para mantener la regulación. Si no se hace nada y la reforma del 2013 se mantiene como estaba, las pensiones empezarán a perder poder adquisitivo en los próximos años y las nuevas serán notablemente más bajas, que es el efecto de esa reforma. Se hará sostenible a base de reducir las pensiones de todo el mundo. Eso hay que corregirlo.