Un centenar de abogados acompañó ayer a su decano, José Luis Garrido, en la lectura a las puertas de la Audiencia Provincial de Córdoba de un manifiesto de rechazo al proyecto de ley de tasas judiciales, en el que se solicita que se dejen de lado "experimentos e iniciativas improvisadas carentes de eficacia alguna que solo tienden a impedir o recortar el acceso de los ciudadanos a la Justicia", que se encuentra en un estado "deplorable".

Al acto --promovido en toda España por el Consejo General de la Abogacía-- asistió también el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Rebollo, y buena parte de la junta de gobierno de Córdoba. Garrido señaló que "esta ley supone un atentado contra el Estado de Derecho que entra de lleno en la conculcación del artículo 24 de la Constitución Española, que recoge el derecho de todos los españoles a la tutela judicial efectiva" y añadió que los abogados entienden que "ni es el momento por la situación económica de crisis que atravesamos, ni la medida tiene efectos reconocibles en la Administración de Justicia".

A ello se suma que la Justicia se encuentra "en un estado deplorable porque no hay una plantilla suficiente de jueces, fiscales y secretarios judiciales, no existen los medios adecuados, la oficina judicial no acaba de ponerse en marcha y no existe un verdadero interés político en solucionar los temas pendientes de la Administración".

La aplicación de estas tasas supondrá que por un juicio verbal en el orden civil habrá que pagar 150 euros y el doble si es ordinario; una apelación costará 800 euros y en la jurisdicción contencioso administrativa --las multas, por ejemplo-- habrá que abonar entre 200 y 350 euros por los procedimientos abreviados y ordinarios. Además, un trabajador que vea desestimada su demanda en el juzgado de lo Social tendrá que pagar 500 euros por recurrir.