¿Lograrán servicios las parcelaciones?

Antecedentes

La experiencia vivida indica que no es la primera vez que se aprueba una normativa con el fin de mejorar la situación de las urbanizaciones irregulares que no da frutos en Córdoba. Pasó con el decreto del 2012 relativo al suelo no urbanizable, que permitía el reconocimiento de algunas edificaciones con su inscripción en el Registro a través de la figura del AFO, y ocurrió con la modificación aprobada en el 2016, que ya permitía el adelanto de servicios en circunstancias concretas. Ni una herramienta ni otra han dado resultado en la capital, donde la mayor parte de las más de 4.400 casas existentes en suelo no urbanizable están en terrenos protegidos o inundables, hándicap para acceder a servicios y alcanzar el reconocimiento que buscan. Ni siquiera los 17 años transcurridos desde el PGOU vigente han sido suficientes para que una sola parcelación de las regularizables llegue al final del largo y complicado proceso de legalización.

A pesar del escepticismo que generan anuncios de este tipo, es la vez que más consenso se ha conseguido en torno a una propuesta que persigue dar agua, luz y saneamiento sin necesidad de culminar la legalización. También es la primera vez que Córdoba capital es una de las principales beneficiarias de este cambio, que, al menos, ha conseguido calmar, que no acallar, las voces que piden más.

Parcelaciones afectadas

Conocer los efectos prácticos que tendrá la modificación de la LOUA firmada por todos los grupos parlamentarios y autorizada por el Consejo de Gobierno de la Junta es difícil, aunque hay estimaciones. Urbanismo, que fue la primera en dar el paso hace un año haciendo una propuesta a la Junta que esta no aceptó pero que ha sido el punto de partida, estima que hay 21 parcelaciones del más del centenar existente que en la capital están en condiciones de solicitar los servicios básicos en cuanto entre en vigor. Esos núcleos se encuentran en suelo urbano no consolidado y en urbanizable y cuentan con un plan parcial aprobado, requisito exigido para acceder al adelanto de servicios, lo que es un logro porque lo realmente difícil viene a partir de la creación de las juntas de compensación y, sobre todo, en la fase de los proyectos de reparcelación y urbanización.

La comisión de periferia del Consejo del Movimiento Ciudadano (en la que están los consejos de distrito y a la que se han sumado colectivos de parcelistas como CALU y Alamiriya) ha participado activamente en el proceso y calcula que hay más posibles beneficiarias, en concreto 25, y que podría llegarse a más de 40 si continúan con los trámites necesarios. A su juicio, con que realmente se beneficien algunas sería un gran logro y un hecho histórico. Aunque su presidente, Juan Andrés de Gracia, reconoce que queda mucho por hacer, sobre todo en relación a las parcelaciones de Medina Azahara y del entorno del aeropuerto (que se quedan fuera), considera que la modificación es una puerta que se abre y confía en que la futura Ley para un Urbanismo Sostenible en Andalucía (LUSA) supla sus carencias. De la modificación valora que no es una solución urbanística sino social. Entre sus bondades destaca que permite pedir los servicios de forma individual o colectiva, aunque sin necesidad de junta de compensación, y que al ser dotación provisional, no requiere informes sectoriales.

Uno de los fines del cambio es dar a las casas de suelo urbano y urbanizable la misma oportunidad que tienen las viviendas aisladas que están en terrenos no urbanizables de adelantar servicios mientras tramitan el AFO, que es lo que prevé la norma de agosto del 2016 (además del adelanto de licencias en núcleos que se incorporen al PGOU, pero siempre que tengan los proyectos de urbanización y reparcelación).

Número de viviendas

Conocer a priori el número de viviendas que lograrán servicios es más complicado aún, ya que aunque hay más de 3.000 casas en las 21 parcelaciones que podrían beneficiarse, hay situaciones muy dispares, ya que en algunas ya hay servicios (todos o algunos) y en otras se dan circunstancias como que en una misma calle hay edificaciones con suministros mientras que otras carecen de ellos. Además, puede haber viviendas en las que no ha prescrito la infraccción urbanística, otras que no cumplan los requisitos de habitabilidad y otras en las que, simplemente, sus propietarios no estén dispuestos a asumir gastos -la dotación de servicios corre a su cargo- y prefieran quedarse como están.

Requisitos

Las viviendas que aspiran a los servicios deben ser residencia habitual y estar acabadas y en uso. Además, el acceso a los servicios ha de ser técnica y económicamente viable -enganches cerca- y deben reunir condiciones de seguridad, salubridad y sostenibilidad. El acceso provisional a los servicios se autoriza por un plazo máximo de dos años, pasado el cual cesa excepto si en ese tiempo se culmina el proceso de regularización. Esa provisionalidad por un máximo de dos años es la que ha censurado el presidente de Urbanismo, Pedro García, que está convencido de que será uno de los problemas que se van a encontrar los parcelistas, además de la complejidad de la regularización, sin la cual será imposible mantener los suministros. La modificación contempla parte de la propuesta de IU, «soluciones coordinadas» (no solo individuales), para reducir el impacto ambiental y permite las obras de infraestructuras necesarias e imprescindibles para lograr los servicios.

Pasos a dar

Los interesados deben esperar a que la modificación entre en vigor con la publicación en el BOJA. Urbanismo ya ha anunciado que está trabajando en la hoja de ruta a seguir y el Consejo del Movimiento Ciudadano, que continuará insistiendo en la puesta en práctica de esta medida (en la que tiene grandes expectativas) para evitar que pase lo ocurrido siempre hasta ahora, que no sirva para nada.