La Justicia cordobesa, al igual que el resto de los ámbitos, afronta en estos meses las vicisitudes impuestas por la pandemia de coronavirus asumiendo obstáculos desconocidos hasta el momento. Uno de los que han trascendido en los últimos días ha sido el cierre del juzgado de Instrucción número 6 por el contagio de covid-19 de su titular que, aunque en un primer momento se había anunciado que daría lugar al cumplimiento de una cuarentena por parte de todos sus trabajadores, finalmente esta medida solo ha afectado a la persona contagiada, mientras que un funcionario se encuentra de baja.

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Fuentes de la Junta de Andalucía informaron ayer de que, si bien este órgano fue cerrado el lunes pasado tras detectarse el caso positivo, los funcionarios regresaron a sus puestos el miércoles, dado que «ninguno ha declarado que haya tenido contacto estrecho con la persona infectada», por lo que tampoco se le ha practicado la prueba PCR para detectar si tienen el SARS COV 2. Las mismas detallaron que se considera que un ciudadano ha tenido contacto estrecho con un contagiado cuando ha permanecido sin mascarilla y sin guardar distancia con él durante más de 15 minutos. Estas fuentes hicieron hincapié, además, en que «el caso se informó a Salud, que a partir de ese momento es la que indica los pasos según los protocolos establecidos».

De su parte, fuentes judiciales señalaron ayer que la letrada de la Administración de Justicia decidió, por motivos personales, someterse a la PCR acudiendo a un centro privado, por lo que su incorporación se produjo el jueves pasado, una vez que obtuvo un resultado negativo. Tanto esta profesional como la jueza fueron sustituidas.

Este periódico pudo conocer, asimismo, que se ha producido cierta incredulidad entre los trabajadores de Instrucción 6 porque, pese a haber llamado a Salud Responde para saber cómo debían proceder después del positivo de una compañera, no recibieron respuesta por parte de este servicio. Fuentes consultadas apuntaron que, tras permanecer dos días en sus domicilios cumpliendo la cuarentena, la Junta les indicó que debían volver al trabajo al no estar de baja, pese a que, como se ha referido, no tuvieron información de Salud Responde y tampoco se les hicieron pruebas.

En cuanto al desarrollo de la actividad en Instrucción 6, fuentes judiciales comentaron que no ha sido necesario suspender demasiados procedimientos.

En esta línea, el juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, confió en que este juzgado «no va a sufrir un retraso de meses, sufrirá un retraso de días que se recuperará en días». En alusión a la ausencia de la titular, comentó que «se está haciendo todo el trabajo que se puede y, esencialmente, todas las diligencias urgentes, que no admiten demora».

Pareja aclaró que la jueza contagiada por coronavirus ha sido sustituida por otro juez que, además, lleva su propio juzgado, por lo que «cuando se incorpore, seguramente, todo volverá a su curso. Lo que se está suspendiendo porque no se puede celebrar por falta de tiempo se recuperará pronto, no habrá ningún problema. Todo volverá a la normalidad», anunció.

Aglomeraciones

En otro orden de cosas, el secretario general del SPJ-USO, Domingo Castillo, advirtió ayer sobre la situación que se está produciendo en los cuatro juzgados de lo Social, que se encuentran ubicados en una gran sala sin separación física y registran aglomeraciones de personas. Según precisó este responsable sindical, «entre quien va a preguntar sin cita previa ni control, los actos de conciliación, los abogados y las partes se arma una aglomeración de gente que hemos puesto en conocimiento del comité provincial de prevención de riesgos laborales para que tomen medidas y se respete el protocolo que se debe cumplir por el covid-19. No se está cumpliendo y los compañeros están preocupados». Así, en su opinión, dos de las soluciones pasarían por celebrar los actos de conciliación en salas aparte y por la regulación del acceso del público.

Cabe recordar que, de acuerdo con lo manifestado por el juez decano recientemente, la carga de trabajo de estos juzgados sobrepasa el 140% y con la actual crisis sanitaria podría llegar al 180%. Domingo Castillo entiende, en este sentido, que «son los órganos más afectados por la imposibilidad de mantener las medidas de seguridad y todo esto, habiendo más espacio en el edificio, se debe evitar».