En diciembre, el proyecto de Ley de Medidas frente al Cambio Climático superó por fin (acumula meses de retraso) el debate de totalidad en el Parlamento andaluz. La norma supondrá una nueva regulación de la contaminación por gases de efecto invernadero y se dirigirá a las denominadas «emisiones difusas», que se encuentran en situación de vacío legal al no estar sujetas al Régimen Europeo del Comercio de Derechos de Emisión. Para ellas, que suponen un 55% de la contaminación vinculada al cambio climático en la comunidad, se fija el objetivo mínimo de reducir un 18% en 2030 el nivel registrado en 2005 de 4,28 toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2) por habitante y año.

El proyecto establece cuotas de emisiones por periodos de seis años para los distintos sectores que generan contaminación difusa: el transporte, el agrario, la edificación y la vivienda, así como la gestión de residuos, los gases fluorados y aquellas actividades industriales que quedan fuera de la regulación europea.