El secretario del Ayuntamiento, Valeriano Lavela, tiene claro que no hay que empezar de cero en los trámites para implantar un centro comercial en Rabanales 21 y que no hay que revocar ni anular acuerdos plenarios ya tomados, como la aprobación inicial y provisional de la innovación (modificación) de PGOU que echó a andar en el 2014. Es más, en un informe emitido a solicitud del PP, afirma que reiniciar el expediente puede conllevar «la exigencia de responsabilidad patrimonial» y de «indemnizaciones de daños y perjuicios» por parte del parque o del promotor.

Su tesis es que el Pleno debe «subsanar» un «error material de omisión padecido por la propia administración municipal» en la tramitación, al no haber añadido a un artículo (12.4.bis.10) el uso de gran superficie minorista para dar servicio a toda la ciudad. Una vez introducido ese matiz, el expediente deberá entrar en información pública incluyendo ese nuevo acuerdo plenario y los dos anteriores, y conservando los actos administrativos y trámites hechos hasta ahora. Tras ello, y según Lavela, la modificación de PGOU ha de ser aprobada de forma definitiva. Además, afirma que solo hace falta la calificación ambiental, trámite ligado a la licencia de obras, por lo que no es necesaria evaluación de impacto ambiental. Lavela pone de manifiesto las contradicciones en las que incurre el informe de la Junta y no cree ajustado a derecho exigir con carácter retroactivo el impacto ambiental.

El portavoz del PP, José María Bellido, piensa que este informe «contribuye a despejar el futuro del parque comercial y del propio Rabanales 21» y «confirma que se tiene que avanzar en el proyecto, introduciendo correcciones puntuales» y sin evaluación ambiental. Añade que «el PP solicitó este informe con el objetivo de aportar soluciones» que «deben servir para impulsar una solución definitiva y no perder ni un minuto más en garantizar una inversión clave para el futuro de Rabanales 21». Por ello, afirma que «no cabe» empezar «de cero, sino finalizar el trabajo».