Tiene 23 años y su primera experiencia laboral, aún como becaria, ya la ha enfrentado a las miserias del sistema. Graduada en Bellas Artes y máster en Secundaria, solicitó una beca en una institución pública, a la que prefiere no señalar, y la aceptaron por un periodo de nueve meses. Un día, mientras desarrollaba su trabajo habitual, se presentó en la oficina la Inspección de Trabajo, para conocer las condiciones laborales de los becarios. «En principio, la Inspección señaló que la titulación que tenía no correspondía exactamente con la que requería el puesto y entonces reformularon las tareas que yo estaba desempeñando», explica A.F.F. A diferencia de otros casos, en el de ella se cumplía estrictamente la jornada laboral de 25 horas estipulada y ella contaba con un tutor, pero según determinó la Inspección «el trabajo que yo hacía, por la responsabilidad que tenía, no era el de una becaria sino que debía estar contratada».

La asignación económica no era para tirar cohetes, 350 euros menos impuestos, pero recién salida de la universidad aceptó la oportunidad para aprender y ganar experiencia, según relata. «Finalmente, la Inspección determinó que tenían que darme de alta en la Seguridad Social el tiempo que había estado trabajando». Lo que debían haber sido nueve meses, de golpe y porrazo, se quedaron en siete meses y medio cuando A. F. F. recibió una carta informándola de que su supuesta beca había terminado. «La institución me ha tomado la vía fácil», afirma, «en lugar de defender los derechos del más débil, que era yo». Su intención ahora es denunciar el caso.