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primera instancia 9 bis

El juzgado recibe 473 demandas por cláusulas suelo cada mes

El magistrado Felipe Javier Pérez reforzará este órgano especializado

 

Instalaciones de la Ciudad de la Justicia. - SÁNCHEZ MORENO

Pilar Cobos Pilar Cobos
24/01/2018

El juzgado de Primera Instancia número 9 bis, especializado en asuntos relacionados con las cláusulas suelo, los vencimientos anticipados o los gastos de formalización de hipoteca, entre otros, ha recibido 3.309 demandas desde su creación en el pasado mes de junio hasta el 19 de enero.

De este modo, de acuerdo con las cifras facilitadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), este órgano especializado habría registrado una media de 473 asuntos cada mes, en línea con los numerosos conflictos generados entre clientes y entidades financieras por estas cuestiones. La mayoría han sido motivados por cláusulas suelo, una condición del contrato que fija un límite mínimo para el interés que se aplica en las cuotas a abonar.

La elevada demanda ya motivó que el pasado mes de octubre el juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, alertara de la posibilidad de que el juzgado llegase a colapsar si no recibía pronto más medios. De hecho, el TSJA informó ayer de que el magistrado Felipe Javier Pérez desempeñará la labor de refuerzo en el Primera Instancia número 9 bis «para asumir la materia relativa a cláusulas suelo». Este togado se incluye entre los siete que se han incorporado al TSJA y que tomaron ayer posesión de sus cargos. El resto prestarán servicio en juzgados de Ceuta, Sevilla, Málaga y Almería.

Acerca de las funciones que tendrá, el tribunal explicó que asumirá «la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias

cuyo prestatario sea una persona física».

De este modo, la especialización de juzgados se enmarca en el plan de urgencia impulsado por el Consejo General del Poder Judicial el año pasado para hacer frente al esperado aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias, como consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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