El Ministerio de Justicia está procesando los datos para un listado de bienes inmatriculados (inscritos en el Registro de la Propiedad) por la Iglesia católica y prevé, una vez finalizado, su publicación para garantizar el cumplimiento de la ley hipotecaria y la de protección de datos.

Así lo señala en respuesta escrita a una pregunta del diputado cordobés Antonio Hurtado (PSOE), quien, en declaraciones a Efe, considera que se trata de «un paso adelante después de muchos años mareando la perdiz por parte del Gobierno de Mariano Rajoy». El parlamentario socialista valoró ayer que Justicia se haya comprometido a hacer público el listado, ya que el anterior Ejecutivo, en una repuesta al mismo diputado, en noviembre de 2017, le informó de que había pedido al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia católica en virtud de la ley hipotecaria, «pero nada más».

Hurtado ha incidido en la importancia de conocerse la lista al ser «el punto de partida para poder recuperar parte de esos bienes, que, según algún representante de la Iglesia, pueden estar en torno a los 40.000 en todo el territorio nacional». Una vez conocidos los bienes inmatriculados, instituciones y particulares que consideren que alguno de ellos es de su propiedad y han sido «indebidamente» registrados por la Iglesia podrán reclamar por la vía judicial, recordó (de hecho dos personas han recurrido al Tribunal Europeo por ello).

Hurtado considera que la modificación de la ley hipotecaria llevada a cabo en 1998 por el Gobierno del PP que daba a la Iglesia la potestad de actuar como una institución pública «ha significado una enorme capitalización» de esta institución, «a espaldas de todos y con una opacidad escandalosa», unida a «una avidez impropia de la Iglesia». Esa reforma posibilitaba a la Iglesia inmatricular los bienes «sin acreditar que eran de su propiedad, en muchos casos» y, a veces, se trataba de bienes de dominio público, como la Plaza del Triunfo, cercana a la Mezquita de Córdoba, que «está en estos momentos a nombre de la Iglesia».

RESPUESTA DE LOS OBISPOS / Los obispos españoles mostraron ayer su conformidad con que el Gobierno publique el listado de bienes registrados por la Iglesia católica «siempre que se haga conforme a la legislación vigente y que opere el principio de no discriminación» y han matizado que ellos no disponen de esos datos. «La Conferencia Episcopal no dispone de un registro de bienes inmuebles de la Iglesia», aseguró ayer en declaraciones a Efe el responsable de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal.

Barriocanal recordó ayer que en España hay unas 40.000 entidades civiles reconocidas como Iglesia católica «que tienen la autonomía que le reconocen las normas civiles y canónicas, incluida su capacidad de inmatriculación de inmuebles».

VISIÓN DESDE CÓRDOBA / La divulgación de los bienes inmatriculados por la Iglesia sería un paso más, aunque no el último fin, para entidades como Córdoba Laica, que desde hace años ha denunciado esta práctica, además de reclamar otras muchas medidas en pro de una sociedad que desligue la vida pública de privilegios de grupos religiosos (por ejemplo, con el pago del IBI por los edificios que posee la Iglesia, como reclamó Córdoba Laica en febrero) y que, precisamente, ha mantenido recientes reuniones en julio con el diputado socialista Antonio Hurtado y con representantes de IU de Córdoba.