La justicia cordobesa, y la española en general, vive este mes de agosto una situación excepcional por la habilitación de los días comprendidos entre el 11 y el 31 para el desarrollo de todo tipo de actuaciones, algo que, según los profesionales consultados, no había ocurrido, al menos, en las últimas décadas, ya que este mes es inhábil tradicionalmente salvo para las actuaciones urgentes.
La iniciativa fue establecida en el Real Decreto-ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al covid-19, publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado abril. El texto recoge que «la Administración de Justicia ha sufrido una ralentización significativa como consecuencia de la crisis del coronavirus» y establece que la norma pretende, entre otras finalidades, «procurar una salida ágil a la acumulación de los procedimientos suspendidos por la declaración del estado de alarma». Sin embargo, los profesionales consultados aseguran que la medida no contribuirá a aliviar la situación de los juzgados, destacando que apenas se han señalado juicios, como de hecho se recomendó en un acuerdo alcanzado a nivel provincial.
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El presidente de la Audiencia provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, afirma que la habilitación de estos días «no supondrá alivio ninguno para la situación de parálisis en la que ha estado la Justicia más de tres meses» y señala que el Consejo General del Poder Judicial aconsejó que los magistrados tomasen sus vacaciones en agosto, por lo que quedará «un retén mínimo, los magistrados imprescindibles para que los servicios mínimos funcionen». Así, comenta que, como es habitual, en la Audiencia trabajará una sala con tres magistrados que asumirán los asuntos urgentes, citando, a modo de ejemplo, los recursos contra las órdenes de protección denegadas.
No obstante, Sánchez Zamorano también confirma que se podrán notificar resoluciones «y los plazos empezarán a contar desde la notificación, por lo que los abogados tendrán que estar trabajando, porque vencen los plazos». Precisamente, al conocer el real decreto-ley abogados y procuradores manifestaron su oposición a la habilitación de varias semanas de agosto para todas las actuaciones judiciales. Entre sus argumentos, plantearon que esta decisión no contribuiría a mejorar la situación, que es contraria al derecho al descanso y a la conciliación familiar, y que sería mejor concentrar las vacaciones de todos los profesionales (funcionarios y del ámbito privado) en este mes para evitar la ralentización de los órganos judiciales a lo largo del verano por la ausencia de personal.
«Fastidiar a los profesionales»
El decano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Luis Garrido, subraya que esta habilitación «no sirve para desatascar la Justicia. Para lo único que está sirviendo es para fastidiar a los profesionales». «El propio ministro ha dicho que no tenía sentido, pero no han modificado el real decreto, no ha dado tiempo, y hay que asumirlo», explica.
Además, apunta que se han señalado pocos juicios, de cláusulas suelo y del Penal 6, que lleva los asuntos de violencia de género, «pero el problema está en los plazos. Dede el lunes (pasado) he recibido más de diez notificaciones con plazo. El CGPJ ha recomendado que no se hicieran notificaciones que pudieran vencer entre el 11 y el 31 de agosto, y que se hicieran antes de mediados de julio para que pudiéramos resolverlo», por lo que lamenta la «falta de sensibilidad de los funcionarios», que «se están quitando el trabajo y nos ponen a trabajar en agosto».
En la playa, con el portátil
De su parte, la decana del Colegio de Procuradores de Córdoba, María José Carralero, admite que «si nos vamos de vacaciones, viajamos con el portátil. Si normalmente te lo llevas porque todos los años hay notificaciones, este año es más posible». Carralero indica que «yo tengo un montón de plazos que me vencen en agosto» y entiende que «mientras los funcionarios se queden, seguirán sacando su trabajo». Por otro lado, augura que «si se va a notificar a diario, septiembre será un poco más relajado, no será la vuelta que hay siempre, que se colapsa el sistema Lexnet, pero tampoco es solución haber habilitado del 11 al 31 de agosto» mantiene.
Acerca de los juicios, recuerda que «los penales es más normal que celebren en agosto, suelen ser causas con preso y de violencia de género, pero los temas civiles, no, excepto familia y causas con preso. Se llegó a un acuerdo a nivel provincial, se recomendó no señalar y se ha cumplido», observa.
