La Junta solicitó hace un año, en abril del 2018, licencia para la segunda fase de la obra del Palacio de Congresos de la calle Torrijos, que debía haber empezado inmediatamente después de la primera, la que permitió abrirlo en octubre. Sin embargo, el tiempo pasa y ese permiso no llega. La Junta, a través de su nuevo delegado de Economía, Ángel Herrador, ya mostró su preocupación en marzo por ese retraso y ayer volvió a hacerlo al dar a conocer el último paso dado en relación a este equipamiento, la aprobación de un informe de viabilidad y sostenibilidad económica. A través de una nota, la Junta daba a conocer «el impulso» a la continuación de la reforma del histórico edificio después de que la Consejería de Economía, tras analizar las alternativas existentes, haya emitido un informe «favorable» a la segunda fase. La Dirección General de Comercio, que depende de Economía, concluye que la demanda actual de congresos en Córdoba «induce a la rehabilitación» para su ampliación, por lo que la Junta exige al Ayuntamiento que «agilice lo máximo posible la concesión de la licencia de obras» para no retrasarlas más. Es más, pide que «no ponga en riesgo el proyecto».

RESPUESTA/ La Gerencia de Urbanismo, por su parte, ha explicado a este periódico que la Junta debe presentar aún el proyecto de ejecución con las modificaciones realizadas tras los requerimientos hechos tanto por Cultura como por el organismo municipal. Fuentes de este organismo explican que Cultura emitió un informe favorable pero pidió que antes del inicio de la obra Economía presentase el proyecto de ejecución recogiendo en el mismo las modificaciones planteadas. Según estas fuentes, el informe emitido por Urbanismo «es parecido» al de Cultura, aunque introduce algunas cuestiones más por la ficha del edificio protegido, por lo que estiman que con el proyecto de ejecución necesario se daría respuesta a las demandas de las dos administraciones. Sin embargo, añade, Economía contestó «con una memoria y no con el proyecto». Estas fuentes aseguran que ha habido varias reuniones para abordar la reforma. Urbanismo recuerda que gran parte del edificio tiene protección integral y que los principales inconvenientes se centran en el Patio Mudéjar, «donde se plantea una transformación funcional que no encaja con el grado de protección», en una escalera y en el tratamiento a la muralla. Como adelantó este periódico en septiembre, el suelo del patio se iba a cubrir con cristal pero esa solución quedó descartada a petición de Cultura y se decidió buscar otra. Urbanismo asegura que si la Junta presenta pronto el proyecto de ejecución con las modificaciones, «la voluntad es dar la licencia».

PLAZAS / Economía calcula que la segunda fase proporcionará «1.100 plazas adicionales para el recinto congresual y expositivo». Esas 1.100 plazas resultan, según la Junta, de sumar «un aforo adicional de 500 plazas al aire libre en el Patio Mudéjar y 600 plazas en el resto de salas de reunión y seminarios pendientes de rehabilitar». Hay que recordar que con la primera fase, que afectó a la iglesia de San Sebastián, al Patio Azul, al adarve, al salón plenario y a las salas Hernán Ruiz, Averroes, Luis de Góngora y Céspedes, se logró un aforo de 922 plazas. La segunda fase se centrará en los patios Mudéjar e Italiano; en las salas Romero de Torres, Juan Bernier, Ramírez de Arellano, Ambrosio de Morales, Beatriz Enríquez y Presidente; y en las oficinas, cafetería, tiendas, guardarropa, cocina y almacén; y aportará 616 plazas más, según aseguraba la Junta el año pasado. En ese recuento no estaba el aforo del Patio Mudéjar (500).

La idea es que Tragsa continúe con la obra, que costará 5 millones y tendrá un plazo de año y medio. El contrato firmado con la empresa que gestiona el edificio fija tres años (que era el tiempo estimado en el que podría demorarse la puesta en uso en su totalidad) en los que esta pagará un canon menor, de 46.000 euros, por los inconvenientes de tener la mitad del Palacio de Congresos disponible. Tras esos tres años, el canon subirá a 116.000 euros.