Urbanismo recibió el 17 de agosto un escrito de la Dirección General de Salud Pública de la Junta en el que le solicita que aclare «qué ocurrirá con las industrias previamente instaladas cumpliendo con la legalidad vigente» que cuando se apruebe la innovación «queden en situación de fuera de ordenación». Esa petición aparece en la carta en la que le comunica que no puede emitir el informe de evaluación del impacto en la salud porque Urbanismo no ha cumplido con «los requisitos procedimentales de la normativa», ya que el documento que iba a abordarse ayer «debe formar parte de la memoria que se haya aprobado inicialmente», cosa que en este caso no ha ocurrido.

Tras analizar la documentación aportada por Urbanismo, la Junta le hace distintas observaciones, entre ellas que hay «información contradictoria que impide aclarar qué zonas serían compatibles» con la valorización de residuos; que hace falta más cartografía; y que los datos son insuficientes para identificar la población vulnerable. También avisa de que en el entorno de la Campiña, que es donde podrán ir las industrias que quemen residuos, hay parcelaciones. La Junta sugiere que se analice las repercusiones en el empleo, y el impacto que puede suponer el traslado de las industrias en cuanto a infraestructuras necesarias y a gestión de residuos.