La Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la oficina de Información y Asesoramiento en Materia de Desahucios creada en el 2012 ha logrado frenar el desahucio de 879 familias, según el balance realizado por dicho servicio, gracias a la negociación con las entidades bancarias de mecanismos como la dación en pago, reestructuración de la deuda, moratorias o códigos de buenas prácticas. Según la información facilitada, de los 1.538 expedientes abiertos en los últimos siete años, aún están abiertos, pendientes de resolución 659, muchos de ellos, a la espera de que se conozca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre la cláusula de vencimiento anticipado. La evolución de las solicitudes de ayuda por parte de familias amenazadas por una ejecución hipotecaria se evidencia en los datos, que apuntan el pico máximo en el 2013, con 396 solicitudes. En el 2014 y el 2015, la cifra cayó a 300 solicitudes y ha ido descendiendo paulatinamente desde el 2016 hasta el año pasado, en el que abrieron 84 expedientes nuevos.

Fuentes de la oficina señalan que la caída se debe a que en la provincia, la gran mayoría de familias están o bien fuera de sus casas porque no recibieron asesoramiento y el desahucio se ejecutó o están en tramitación, por lo que el volumen de nuevos casos ha descendido. También han atendido a 81 familias para la tramitación de ayudas de alquiler a personas en especiales circunstancias de emergencia social.

Cabe señalar que, el servicio está centrado en ejecuciones hipotecarias y que apenas tramitan casos de desalojo por alquiler, que sí han aumentado considerablemente en los últimos años.

El servicio afronta el año con tres retos importantes, «la sentencia trascendental del TSJUE sobre vecimiento anticipado, que afectará de forma directa a todos los expedientes abiertos y en ejecución hipotecaria». Nadie sabe de momento en qué sentido influirá aunque podría suponer reiniciar muchos procedimientos. También esperan «el desarrollo reglamentario de la disposición adicional segunda del Real Decreto» con el que deberían establecerse medidas destinadas a recuperar la propiedad por parte de los deudores hipotecarios de su vivienda habitual. Por último, confían en que se profundice en el acuerdo de colaboración entre el CGPJ, la Junta y la FAMP sobre detección de vulnerabilidad en casos de lanzamiento de vivienda familiar que se firmó en el 2016, ya que consideran que «es necesario que ese acuerdo se haga efectivo ya».