La Junta de Andalucía transmitió ayer un mensaje tranquilizador a la población sobre los efectos del importante incendio declarado el domingo pasado en la planta de reciclaje de Recicor XXI, de Grupo Barea, ubicada en el kilómetro 9 de la carretera de Guadalcázar. Así, el servicio de calidad del aire de la Dirección General de Calidad y Prevención Ambiental indicó que «no se han registrado superaciones de contaminantes que sean merecedoras de mención en la zonas pobladas del entorno».

El Gobierno andaluz avanzó que seguirá de cerca la evolución de la calidad del aire, según los datos disponibles en la Red de Vigilancia de Medio Ambiente en la zona afectada, mientras dure el siniestro. Para su trabajo, la Junta ha tenido en cuenta las distancias a los núcleos residenciales más próximos al incendio. En concreto, Guadalcázar, a 6,4 kilómetros; Majaneque, a 2,2; la zona meridional de Encinarejo, a 2,5; La Reina, a 1,8, y el Cortijo El Rubio, a 2 kilómetros.

El informe precisa que, dado el emplazamiento de esta planta y las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología sobre la dirección de los vientos, «la probabilidad de exposición a los humos hoy es remota». Como ya adelantó ayer este periódico, Medio Ambiente ha comprobado las autorizaciones de las que dispone la empresa, que tiene Autorización Ambiental Integrada (AAI) para construcción y explotación de una planta de reciclaje de residuos de construcción y demolición, y vertedero de apoyo.

críticas y preocupación/ A pesar de esta información, el portavoz de Ecologistas en Acción en Córdoba, Juan Escribano, explicó ayer que la combustión de plástico libera dioxinas y estas son «altamente cancerígenas en proporciones pequeñas». Escribano destacó que «los niños son los más receptivos» a esta sustancia y detalló que un cambio en la dirección del viento en la primera noche del incendio, haciendo que este fuese oeste-este, motivó que la nube tóxica se estancara sobre la ciudad. Según los datos que se le han aportado, están ardiendo plásticos y lodos procedentes de la térmica de Puente Nuevo. Ecologistas criticó que «no se está dando información» y que, en casos similares, se ha recomendado no abrir las ventanas, no encender el aire acondicionado y no practicar deporte al aire libre, puntualizando que la dioxina es la sustancia más peligrosa que genera el ser humano exceptuando la radiación.

También destacó que «son numerosas las personas que han manifestado síntomas, como picores de garganta, desde que se originó el incendio». Escribano entiende que hay responsabilidades políticas, ya que el resultado de la última inspección de la Junta fue «negativo y no se actuó», y recordó que «se dijo que, como el viento era sur, no corría peligro la ciudad, cuando en Córdoba los vientos suelen ser oeste-este». De su parte, otros integrantes de la plataforma Aire Limpio anunciaron ayer que pedirán toda la información sobre el siniestro.

El informe de la inspección a la que aludió Escribano, fechado en febrero de este año, recoge incumplimientos de la autorización concedida a Recicor para su actividad, que están relacionados con las condiciones generales, la contaminación atmosférica, la producción de residuos y las condiciones como gestor. El documento indica que el titular «debe adoptar medidas de prevención o corrección necesarias para evitar la afección a las personas y al medio ambiente», pero la Junta no aclaró ayer a este diario lo sucedido en los meses posteriores.

Por otro lado, la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de Andalucía (Agreca) advirtió de la gestión «cuestionable» de esta planta. Según publicó Europa Press, Agreca presentó denuncias por «malas prácticas» en la gestión del vertedero en el 2014, pero «no hubo respuestas de la Junta». Entre otras cuestiones, la entidad manifestó que «en los años 2011 y 2012 acumuló unas 100.000 toneladas de residuos de combustión procedentes de la térmica de Puente Nuevo fuera de la celda de vertido, es decir, sobre el terreno sin impermeabilización alguna», y añadió que «aún continúan esos residuos acumulados, a pesar del expediente sancionador de la Junta».

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